CIBIOGEM, CDI y SAGARPA no garantizan
condiciones de seguridad para las comunidades y permiten entrada de
grupos cercanos a Monsanto
Peligra suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada ordenada por la SCJN sin intervención de las autoridades
Autoridades deben apegarse a los
parámetros de buena fe, consulta libre, informada y culturalmente adecuada
Por:Lidia
Bonilla

En la segunda sesión de la fase de
“Acuerdos Previos” llevada a cabo los días 30 de junio y 1 de julio en los
municipios de Hopelchén y Tenabo en Campeche se detectaron graves
irregularidades que han violentado los principios establecidos por la SCJN,
generando desconfianza, división social, un ambiente hostil en las comunidades
involucradas y restando validez al proceso. Durante la sesión de Hopelchén, desde horas antes del inicio de la
reunión, la
sede del encuentro estaba ocupada por alrededor de cien agricultores y
productores a favor de la siembra de soya genéticamente modificada, lo que
impidió el acceso a representantes de la mayoría de las comunidades que debían ser consultadas (31) por falta de cupo,
violentando así su derecho a la consulta.
Ante estas circunstancias las
autoridades optaron por realizar dos reuniones en espacios paralelos a pesar de
la solicitud de los representantes indígenas comunitarios quienes pedían se les
entregara el plan de trabajo y se suspendiera la sesión por no haber las
condiciones mínimas de seguridad y respeto para llevar a cabo la reunión convocada. Este acto generó de inmediato un ambiente de
desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios,
propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la
sede inicial quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en
contra del grupo mayoritario de comunidades presentes.
En la sesión ocupada por simpatizantes
a la siembra de soya genéticamente modificada, en su mayoría ajenos a las
comunidades, se presionó a las autoridades a firmar un acta que permitiera la
siembra de soya de manera inmediata, incluso amenazaron con cerrar las puertas
e impedir la salida de las personas hasta lograr sus objetivos. En ese espacio,
también se expuso que había agricultores que ya estaban sembrando soya
genéticamente modificada en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, que de
comprobarse se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la
suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN.
En la segunda sala, entre
representantes de 31 comunidades y la Secretaria Ejecutiva de la Cibiogem y el
delegado federal de la CDI se dio un diálogo respetuoso pese a la tensión y
falta de confianza que suscitaba el enterarse de lo que pasaba en la otra sala.
Los representantes mayas reiteraron su disposición al diálogo con todo y su
interés en la consulta para ser tomados en cuenta y llegar a acuerdos para el
bien de todos. Acordaron continuar la fase de acuerdos previos hasta el 15 de
octubre.
En la sesión de Tenabo, el 1 de julio,
el asesor que representa a comunidades mayas leyó una carta donde informó que
debido al antecedente ocurrido en Hopelchén y la reunión posterior convocada
por la delegación de SAGARPA en Campeche con productores de soya de la
comunidad de Vicente Guerrero Iturbide y representantes de 4 campos menonitas,
sólo recibirían el programa de trabajo de la consulta indígena para analizarlo
y continuarían con la fase de acuerdos previos hasta el 15 de octubre al igual
que la mayoría de las comunidades de Hopelchén.
Otra cuestión preocupante fue que
algunos participantes se transportaron en camionetas de empresas distribuidoras
de semillas y herbicidas ligadas a Monsanto, dejándolas estacionadas afuera del
lugar y por ende violentando el principio de buena fe y consulta libre. Esta
empresa tiene un claro interés económico en presionar la aprobación del
proyecto y por tanto debe mantenerse completamente alejada del proceso de
consulta. El rol que ha mostrado es inaceptable y es contrario a los
principios rectores de Empresas y Derechos Humanos establecidos por la ONU.
Los hechos citados
evidencian que los principios mandatados por la sentencia de la SCJN fueron
vulnerados por las dependencias responsables del proceso y por Monsanto. Dichas
dependencias no aseguraron condiciones de seguridad para la realización de la
reunión, permitiendo que terceros ajenos a la consulta intervinieran en este
proceso y coaccionaran a las comunidades. Asimismo, no se han tomado las
medidas necesarias para garantizar la suspensión de la siembra de soya genéticamente
modificada que ordena la
Corte. En consecuencia, hacemos un llamado urgente a las autoridades a
conducirse con pleno apego a los principios de buena fe, consulta libre e
informada y culturalmente adecuada, establecidos por la SCJN y los instrumentos
internacionales.
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