Sin registro detallado de detenciones, autoridades niegan responsabilidad por
comisión de
desapariciones forzadas: AI
CIUDAD DE MÉXICO, enero
14, 2016.- La
incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por
parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la
desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una
crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, afirma Amnistía
Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En “Un
trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la desaparición de
personas en México, la organización de derechos humanos expone cómo se
reflejan en el estado septentrional de Chihuahua y el resto del país las graves
deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada de 43
estudiantes en el estado meridional de Guerrero en septiembre de 2014. Según
datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de más de 27.000 personas,
muchas de ellas víctimas de desaparición forzada.
“La
incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la
irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el
desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos
humanos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía
Internacional para América.
“Por desgracia,
las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que
prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas
ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de
ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo.”
Incompetencia
En muchos
casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue vista por última vez cuando
era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un
registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda
responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones
forzadas.
Cuando
los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las
autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y
afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales.
La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por
sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que
realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que
apenas dan resultados.
En el
caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el
gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho
bien documentado. Se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de
que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados
a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero
local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada
tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las
circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con
pruebas.
La
deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente
la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni
fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se
reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de
sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material
probatorio fundamental.
El equipo
investigador de Amnistía Internacional descubrió casos análogos de
incompetencia en la investigación de desapariciones ocurridas en el estado
septentrional de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de
las autoridades de dicho estado. Desde 2007, casi 1.700 personas han desaparecido
en todo Chihuahua.
En la
mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la
investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras
de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los
teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las
cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció.
Estos
graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir
la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca,
otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta.
Normalmente,
la información que aportan las familias sólo sirve para engrosar el expediente
del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para
establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas
disponibles.
José
Rosario Hernández fue víctima de desaparición forzada la tarde del 23 de
octubre de 2011: una patrulla de policía municipal lo detuvo cuando iba en
coche con dos amigos por la Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Sigue
sin conocerse su paradero.
En los
días que sucedieron a su desaparición, las autoridades se negaron a facilitar
información de cualquier clase a su familia. Funcionarios de las oficinas de
policía municipal y patrulla de carreteras negaron incluso que hubiera sido
detenido, a pesar de que una grúa se había llevado el automóvil de José Rosario
por orden de las autoridades y había testigos de su detención.
La
familia identificó al agente que había detenido a José Rosario y lo desafió a
contar lo que había pasado, pero él se negó. Finalmente se detuvo al agente,
gracias al empeño y las reiteradas peticiones de la familia y sus
representantes letrados. Está previsto que su juicio comience en enero de 2016.
Con todo, la investigación no ha sido exhaustiva y no se ha intentado obtener
información que ayude a esclarecer el paradero de José Rosario.
La madre
de Brenda Karina Ramírez, joven de 22 años desaparecida el 19 de julio de 2011
después de que unos hombres armados se la llevaran de la casa de unos parientes
en Ciudad Cuauhtémoc, ha asumido la carga de buscar ella misma a su hija
después de que las autoridades no investigaran debidamente el trágico suceso.
Cuando al
fin tuvo acceso al expediente oficial del caso, se encontró con que estaba
prácticamente vacío.
Contó lo
siguiente a Amnistía Internacional: “Lo que hay en el expediente de mi hija es
lo que he entregado yo, nada más.”
El poder
y la influencia de los carteles de la droga también tienen mucho que ver en los
retrasos de las investigaciones.
Los
familiares de otra persona que había desaparecido contaron que miembros de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se negaron a
investigar en cierta zona del estado aduciendo que tenían miedo y no podían ir
allí.
Falta de
recursos
Los
graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de
inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades
están sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del
personal.
“La
incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones
mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de
personas”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
“Las
autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada a evitar
estas tragedias para impedir que ocurran más desapariciones. Deben poner en
marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas
desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar
reparaciones adecuadas a las víctimas.”
El 10 de
diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un proyecto de ley
al Congreso para abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este
proyecto no cumple las normas internacionales en algunos aspectos
fundamentales. El Congreso de México debe mejorar sustancialmente el documento
para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparación
a las víctimas y de impedir que ocurran más desapariciones.
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