- Analiza Greenpeace la actuación del gobierno
federal en agricultura, bosques, energía, cambio climático y tóxicos
- Preocupan graves retrocesos en materia de derechos
humanos y medio ambiente, criminalizando
la protesta social
México, DF.- A un año de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de
la República ha quedado demostrado que el medio ambiente no es una prioridad de
su gobierno. Hasta ahora solo tenemos una larga lista de declaraciones “políticamente
correctas” acerca de la importancia de los recursos naturales y de lograr la
sustentabilidad, pero sin acciones concretas para conseguirlo.
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En Greenpeace sabemos que un año es insuficiente para remediar los daños
ambientales que por décadas se han tolerado, sin embargo, durante este tiempo
pudieron sentarse las bases de una verdadera transformación, sobre todo cuando
el actual gobierno ha promocionado este 2013 como el
“año de las reformas”, sustentadas –en teoría- por las tres principales fuerzas
políticas del país (PRI, PAN y PRD) representadas en el Pacto por México.
Lamentablemente, en estos 12 meses, la administración federal ha
promovido el Pacto como una plataforma política que pondría fin a décadas de desacuerdos
entre las élites del poder, pero en la realidad solo ha servido para dar
continuidad a políticas públicas que privilegian los intereses corporativos por
encima del bienestar social y el medio ambiente.
Este acuerdo -sostenido por alfileres- es solo un disfraz para el
desinterés del gobierno para lograr una verdadera transformación del país que
eleve la calidad de vida de los mexicanos, basándose en un manejo adecuado de
los recursos para generar empleos, elevar la competitividad y acelerar la
economía, con pleno respeto a los derechos y las libertades en un entorno de
seguridad, transparencia y sin corrupción.
El presente análisis se centra en las acciones implementadas durante el
primer año de gobierno de Peña Nieto en las áreas relacionadas con las cuatro
campañas activas de Greenpeace y el panorama que viven las organizaciones
sociales ante la criminalización de la protesta durante este periodo.
Energía y Cambio Climático
En agosto, el titular del Poder Ejecutivo presentó la
reforma energética considerada en el Pacto por México. La propuesta está basada
en la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, para abrir el
sector energético a la inversión privada a través de contratos de utilidad
compartida. Esto ha generado división de opiniones, polémica y la ruptura del tan
“exaltado” Pacto por México, una vez que el PRD ha anunciado su salida de él.
El punto de quiebre del Pacto fue la falta de consenso en el
debate de la reforma energética, que se ha centrado en la conveniencia o no, de
la participación de capital privado para dar continuidad a proyectos peligrosos
como la explotación de crudo en aguas
profundas y ultra profundas, y la explotación del gas shale a pesar de los severos impactos ambientales que éste
ocasiona.
Más allá de la inclusión de capital privado en el sector
energético, el gobierno está desaprovechando la oportunidad de reformar el
sector para transitar hacia un modelo energético basado en fuentes renovables. A
pesar que México tiene una gran cantidad de recursos naturales y potencial para
detonar fuentes de energía renovables -como la solar, eólica, térmica y
fotovoltaica-; y existen leyes y mecanismos para impulsarlas; lo cierto es que
no se ha puesto el interés necesario para que México se pueda transformar en un
país que impulse el uso de esas tecnologías y sea más sustentable.
La dependencia del sector energético a
los hidrocarburos vulnera a los sectores económico y social; ya que cada día que continuamos quemando
carbón, petróleo y gas, acentuamos el cambio climático, la sobreexplotación de
los recursos naturales y la contaminación, que repercuten en la salud de la
población.
El reciente informe del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)
reafirmó que México es uno de los países más afectados por los impactos del
cambio climático, debido a que tiene 11 mil 200 kilómetros de litorales en los
océanos Atlántico y Pacífico, donde según el IPCC se intensificarán los
fenómenos hidrometeorológicos.
A finales de septiembre, México fue
víctima de grandes inundaciones por el desbordamiento de ríos y deslaves,
ocasionados por las tormentas tropicales
Ingrid y Manuel; afectando a miles de personas, principalmente en los estados
de Guerrero, Veracruz y Oaxaca.
Para la fecha de la emergencia, el
Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) contaba con 6 mil 300 millones de pesos, pero los
daños, ocasionados por Ingrid y Manuel ascendieron a más de 16 mil millones
de pesos. El presupuesto de Egresos para 2014, aprobado hace unos días por la
Cámara de Diputados agregó un fondo de 7 mil millones de pesos para cubrir los daños a la
infraestructura causados por las recientes lluvias en el estado de Guerrero.
Lo anterior, es solo un ejemplo de la falta de una política preventiva ante desastres asociados
al cambio climático y cómo cuando se presentan los desastres solo
“reaccionamos”, la reforma energética da la posibilidad de cambiar este
panorama si apostamos por energías renovables que reducen las emisiones de
carbono y en consecuencia el calentamiento del planeta y los fenómenos
asociados a él.
Agricultura Sustentable y Transgénicos
La protección del maíz nativo y la
prohibición definitiva de la siembras de maíz transgénico en nuestro país es
otro gran pendiente de la administración de Peña Nieto. Este gobierno ha
ignorado las advertencias de los científicos, los agricultores y los
ambientalistas sobre los riesgos de permitir el cultivo de organismos
genéticamente modificados: contaminación genética y con agrotóxicos, pérdida de
las miles de razas y variedades de maíz existes; y control de la industria de
la biotecnología sobre el grano base de la alimentación de los mexicanos, por
poner algunos ejemplos.
En lugar de cumplir con su función de
velar por la protección de nuestra diversidad de maíz, la salud del campo, el
medio ambiente, el bienestar de los agricultores y garantizar que se respete a
México como centro de origen del maíz, las secretarías de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) se han convertido en abogados de la industria de
la biotecnología.
Mientras el Juzgado Federal Décimo
Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió en octubre de
2013, una medida precautoria en la que ordena la suspensión de permisos a
trasnacionales como Monsanto y Pionner, entre otras, para la siembra
“experimental”, liberación y comercialización de maíz transgénico en México,
Semarnat y Sagarpa no respaldaron la medida precautoria emitida por el juez y
por el contrario, apelaron la decisión, demostrando que trabajan para
satisfacer intereses corporativos por encima de la ciudadanía.
Asimismo, el gobierno de Peña Nieto no
ha planteado una alternativa para el campo con apoyos que permitan el
desarrollo de los pequeños y medianos productores, con prácticas amigables para
el medio ambiente, en su lugar ha dado continuidad a un modelo agrícola basado
en el elevado uso de insumos agrícolas (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes)
que impacta a los ecosistemas, la biodiversidad y las condiciones
socio-económicas de los productores mexicanos.
El gobierno, mediante su Cruzada
Nacional contra el Hambre, contribuye a mantener este modelo, en el cual muy
pocas empresas tienen el control sobre la cadena de producción de nuestros
alimentos, que además, son de dudosa calidad y que provocan un grave problema
en la salud de los mexicanos, quienes sufren cada vez más de obesidad y
paradójicamente desnutrición, así como enfermedades relacionadas con el consumo
de productos industrializados.
En este primer año de gobierno la
problemática sigue, los grandes productores reciben la mayor parte de los
apoyos públicos, mientras que los pequeños viven una situación de abandono
gubernamental.
Bosques y Selvas
El 31 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció públicamente el
Programa Nacional Forestal (Pronafor) que, en teoría, promoverá el
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, reactivará la economía
de este sector, contribuirá a la generación de empleos, ingresos y mejora de la
calidad de vida de los habitantes de zonas forestales así como a mantener e
incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad, así
como a reducir emisiones de carbono generadas por la deforestación y la
degradación forestal.
La propuesta pareciera hacer eco a algunas propuestas que la sociedad
civil y expertos han realizado para resolver los problemas del sector, y de
alguna forma hacer frente al problema de deforestación y deterioro de los
bosques que, según un estudio publicado en "El Capital Natural de
México" por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio, 2009), afecta a casi medio millón de hectáreas en
nuestro país. Sin embargo, el documento o análisis que sostiene al Pronafor
como propuesta de la nueva administración aún no se ha publicado.
En los últimos años, la Conafor ha hecho pública una constante reducción
en la tasa de deforestación nacional, sin que contemos con evaluaciones de impacto
que nos permitan verificar en qué medida esta supuesta reducción se debe a los
programas de apoyo gubernamentales, mientras que el último Inventario Nacional
Forestal y de Suelos, correspondiente al periodo 2004-2009 que se entregó a
finales de 2012, no se incluyeron estadísticas generales que informen a la
población sobre cuál es la tasa actual deforestación nacional, regional o por
estados.
Ante la falta de información pública, el gobierno priista no puede demostrar
la efectividad, y congruencia entre objetivos y resultados de algunos programas
a los que aparentemente se les pretende dar seguimiento en la presente
administración, tanto para alcanzar una reducción real en la pérdida y
deterioro de los ecosistemas forestales en México, así como impulsar el
desarrollo del sector con base en criterios de sustentabilidad.
En este mismo sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
para el sector forestal da continuidad a la opacidad en el destino de los
recursos públicos que impera desde 2011, cuando la administración anterior
decidió integrar todo el presupuesto en tres rubros con títulos engañosos en
los que el único vínculo corresponde a la forma en que se eroga el gasto
(reglas de operación, lineamientos y operación), obstaculizando así la
transparencia y rendición de cuentas, y la posibilidad de saber con precisión qué
y cómo se financia con presupuesto de la Conafor.
Es urgente contar con información sólida y actualizada sobre el estado
en que se encuentran los bosques y selvas a lo largo del país para, en
consecuencia, diseñar una estrategia a los detonadores de cambio de uso de
suelo de los ecosistemas forestales en cada región del país que provea de
instrumentos y alternativas adecuados y efectivos para su manejo sostenible y
conservación, que garanticen certidumbre y continuidad a los dueños de terrenos
forestales con un flujo adecuado y transparente de los recursos.
Tóxicos
El acceso al agua es un derecho humano
y México tiene un gran rezago para grantizarlo, sobre todo cuando hablamos de
calidad del líquido, más del 70 por ciento de los ríos de nuestro país sufren
algún grado de contaminación, causada -en algunos casos- por la industria que vierte
sus descargas residuales sin control a los cuerpos de agua, ante la impasividad
de las autoridades.
Este problema ha sido desatendido durante varios sexenios y el de
Enrique Peña Nieto no es la excepción. La visión de la actual administración en
materia hídrica es corta y sin una propuesta contundente para remediar la
escasez y la mala calidad del agua, que merma la disponibilidad del líquido y
afecta a las comunidades aledañas.
Entre los primeros anuncios del gobierno se dijo que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) pasaría a ser un organismo de prevención ante la
escasez del líquido frente a las sequías que afectan principalmente al norte y
centro del país, pero hasta ahora ha quedado en una mera intención, no se ha
presentado un programa de trabajo que detalle acciones específicas más allá de
“cerrar la llave” para promover el ahorro del agua.
Se habló también de impulsar la creación de plantas desalinizadoras para
utilizar el agua de mar como fuente de abastecimiento. Esta propuesta no
resuelve el problema de escasez sino que da continuidad a la explotación de
recursos en lugar de evitar que la contaminación llegue a los ríos y a los
mantos freáticos.
En el Pacto por México se acordó “replantear el manejo hídrico del país”,
con una Ley de Agua Potable y Saneamiento y reformas a la Ley de Aguas
Nacionales que aún no han sido presentadas a pesar de que se ha llamado al 2013
el “año de las reformas”, lo que muestra la falta de seriedad y compromiso de la actual
administración en el tema.
Las propuestas del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto presentan
semejanzas con las de gestiones pasadas, nos están presentando más de lo mismo
y lamentablemente se evita una visión integral del problema, porque la escasez
de agua no es exclusiva del cambio climático. Mientras se siga permitiendo la
descarga de tóxicos a los cuerpos de agua, México es y seguirá siendo un
paraíso para contaminar.
Criminalización de la protesta
Greenpeace tiene como principio
fundamental la No-Violencia, una filosofía de vida basada en el principio de
igualdad. Con base en esta convicción, no podemos ignorar actos de injusticia
que atenten contra la dignidad de los seres vivos y damos testimonio de ello,
señalando a los responsables.
A la organización preocupa que en este
primer año se presenten graves retrocesos en materia de derechos humanos y medio ambiente, criminalizando la protesta
social. El 2013, deja muchos ejemplos de ello:
En noviembre, los opositores al
proyecto de la presa de La Parota denunciaron la persecución de su vocero,
Marco Antonio Suástegui, quien dijo que el gobierno de Guerrero pretende
encarcelarlo y acusarlo de secuestro y ataques a las vías federales de la
comunicación.
Noé Vásquez Ortiz, integrante del
“Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre” y miembro del Movimiento
Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER), fue asesinado el 2 de agosto, en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Noé,
junto con otras organizaciones, se oponía a la construcción del proyecto
hidroeléctrico El Naranjal, que desde 2009 se pretende instalar en la cuenca de
los ríos Blanco y Metlac.
Estos casos, nos recuerdan a Aldo
Zamora, defensor de los bosques y colaborador de Greenpeace México, quien fuera
acribillado en mayo de 2007 por oponerse a la tala ilegal de los bosques de las
Lagunas de Zempoala. El crimen, denunciado ante el entonces Gobernador del
Estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha sido resuelto.
La Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) en
su “Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en
México: Actualización y Balance” (junio de 2013) nos da una muestra de la
realidad que enfrentan los activistas ambientales.
El análisis del periodo comprendido
entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, indica que el mayor número de
reportes por agresiones contra defensoras y defensores se registró en Oaxaca,
Chihuahua, Coahuila, Guerrero y DF. Los
tipos de agresiones más frecuentes son las amenazas e injerencias arbitrarias.
Otro problema es que perduran los impedimentos para identificar a la mayoría de
los presuntos responsables de las agresiones.
Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando
Peña Nieto asumió el poder, ha incrementado la escala de violencia y represión
de diversas manifestaciones en las que se utilizó la fuerza de manera
desproporcionada e irracional en contra de manifestantes y también de
periodistas; detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, limitaciones ilegítimas a la libertad de buscar y difundir
información, tal como lo documentó Artículo 19 y la Recomendación 7/2013 de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se constatan las violaciones a las garantías individuales de
102 personas durante las manifestaciones de ese día.
Los enfrentamientos entre policías y
manifestantes se han hecho cada vez más violentos: el desalojo a la fuerza de
los maestros de la CNTE del zócalo capitalino y la marcha en recuerdo de la
matanza de estudiantes del 2 de octubre, en donde se acusó la presencia de
infiltrados pagados por el gobierno, sirvieron de pretexto para que el PAN
presentara una iniciativa para la expedición de la Ley General de
Manifestaciones Públicas y una legislación similar para el Distrito Federal,
ambas propuestas imponen requisitos para la realización de protestas en la vía
pública.
Pero el tema no paró ahí: el 19 de
noviembre de 2013, el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF aprobó con 38 a
favor, seis votos en contra y una abstención, el dictamen para reformar los
artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal,
mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes en el
marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos de
lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad
pública y privada; dentro de la propuesta se incluía el agravamiento de penas
para aquellas personas que actúen encapuchadas.
Artículo 19 señala que esta “reforma
penal contraviene los principios democráticos de legalidad e igualdad propios
de un Estado de Derecho y se dirige a la construcción de un régimen de excepción
para manifestantes” y que “de esta forma se pretende dirigir el aparato
punitivo contra quienes disienten públicamente sin reparar en las causas que
originan la protesta, imponiendo un estigma delincuencial a los manifestantes e
impulsando el uso político del sistema de procuración y administración de
justicia”.
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