LA grave problemática que
enfrenta el país, relacionada con la violencia y fugas de los penales
carcelarios, hace necesaria la intervención urgente y decidida tanto de las
Federación como de los gobiernos estatales.
Los escapes masivos y los crueles
asesinatos derivados de la pugna por el poder, o bien de rivalidades entre
bandas delictivas antagónicas han dado la vuelta al mundo y enrarecido la
imagen de nuestro país en el extranjero.
Hoy en día, en base a los acontecimientos
de los últimos años, resulta estéril dividir opiniones acerca del grado de
responsabilidad de ambas instancias gubernamentales.
La cruda realidad que arroja la evasión de
decenas de internos considerados como de alta peligrosidad y la masacre de
otros ha provocado reacción en la propia Organización de las Naciones Unidas.
Los últimos acontecimientos en los penales
de Apodaca y Topo Chico, en el estado de
Nuevo León, reflejan la dimensión del problema y la urgente necesidad de
resolverlo.
Que si la violencia y corrupción tienen
origen en el gobierno federal o en el estatal, por ahora es lo de menos. La
implementación de medidas que ayuden a resolver el conflicto es lo que ambas
instancias gubernamentales deben aplicar a la brevedad posible.
Asimismo, de poco o nada sirve que el
gobierno del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA se ufane en repetir que
actualmente se están construyendo ocho penales de alta seguridad en distintas
entidades del país.
De igual modo, en nada contribuyen a la
solución del conflicto declaraciones de mandatarios estatales en el sentido de
que han solicitado la intervención federal para la reubicación de reos
peligrosos y procesados por delitos federales, a centros penitenciarios de alta
seguridad,
Al respecto, el secretario General de
Gobierno, MORELOS CANSECO GOMEZ, tiene razón al afirmar que en Tamaulipas, por
ejemplo, las cárceles fueron diseñadas y construidas para sancionar a
infractores de la ley de acuerdo a la problemática delincuencial de la época.
Es decir, nunca se pensó que el país
estuviera inmerso en el grave problema en que se ha convertido la lucha
calderonista en contra de la delincuencia organizada.
Como efecto colateral, además de las 60 mil
muertes oficiales, la acción gubernamental ha generado la sobrepoblación de los
centros penitenciarios estatales.
El subsidio a los gobiernos locales para la
manutención y vigilancia de reos procesados por delitos del orden federal, en
algunos casos se convierte en el meollo del asunto, en opinión de la
coordinadora de la fracción parlamentaria pianista en el congreso tamaulipeco,
BEATRIZ COLLADO LARA.
Según la legisladora, tales recursos
adicionales no son ejercidos en aquello para lo que son enviados y, en cambio,
son aplicados en otros rubros que nada tienen que ver con el fortalecimiento de
instalaciones y medidas de seguridad.
El caso es que las fugas y asesinatos
masivos ocurridos el año pasado en Tamaulipas y los últimos acontecimientos en
cárceles neoleonesas son situaciones que marcan la realidad y la impotencia
gubernamental en tener el control total en ese tipo de instalaciones, erigidas
para la ejecución de sanciones.
Al margen de dimes y diretes relacionados
con el grado de responsabilidad entre Federación y estado, lo único cierto es
que, además de la ineficacia calderonista para someter a los cárteles de la
droga, la fallida estrategia está provocando sobrepoblación carcelaria.
Lo peor del caso es que las acciones del
Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal, con todo y su mortal aportación,
de poco o nada sirven. Ni aniquilan los grupos delictivos ni tampoco los
peligrosos delincuentes arrestados cumplen su castigo ante la sociedad, al ser
rescatados por sus cómplices.
La situación no parece tener fin y, por el
contrario, todo hace indicar que la cifra oficial de muertos en la actual
batalla del sexenio habrá de ser modificada a la alza, al igual que la
estadística que analiza la fuga de reos de los penales estatales y federales.
Cuestión de analizar cómo a diario en
diversos sitios cibernéticos refieren de asesinatos relacionados con el
narcotráfico o crimen organizado.
Tan sólo la ciudad de Monterrey aporta
diariamente su cuota de muertitos en esa lucha, estéril, hasta ahora, que habrá
de marcar e identificar el sexenio de CALDERON HINOJOSA.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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