Ciudad de México. – El Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que «observa con preocupación» el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro, como jefe operativo de la Guardia Nacional, en referencia al general de brigada Luis Rodríguez Bucio.
Dentro de las recomendaciones hechas en el séptimo informe periódico de México (CAT/C/MEX/7) presentado con casi un año de retraso, el órgano también consideró alarmante «la falta de claridad» acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos sus vehículos.
Asimismo, el organismo expresó su preocupación por informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidos por militares en el marco de operativos contra el crimen organizado en México.
Por ello, entre las recomendaciones emitidas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está velar por que se investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente la fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y el personal militar.
Asegurarse de que se enjuicie a los presuntos autores, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y se repare plenamente a las víctimas o sus familiares, de ser el caso.
También pidió hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad, además de garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares.
De manera más concreta, el Comité recomendó directamente que se garantice también el mando civil de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia.
En otro orden de ideas, las Naciones Unidas, a través de su comité especializado, pidieron velar por que los casos de desaparición forzada sean investigados con prontitud, eficacia e imparcialidad. Además de que se enjuicie a los presuntos autores y se castigue como corresponda a los que sean declarados culpables.
Al respecto, se pronunció porque se proporcione a todas las víctimas, incluidas las personas que hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de la desaparición forzada, una reparación efectiva que incluya una indemnización adecuada. Y solicitó que se presente la información requerida sobre la investigación de las desapariciones ocurridas en Tamaulipas en mayo de 2018.
De una forma más general, el Comité urgió a garantizar el funcionamiento eficaz del Sistema Nacional de Búsqueda, incluidos los registros y herramientas contempladas en la Ley General sobre desaparición de personas.
Dentro de las recomendaciones aprobadas para México, la ONU pidió al Estado atender “de manera urgente” el problema de los restos humanos no identificados, fortaleciendo la capacidad del Estado mediante la creación de instituciones dotadas con suficientes recursos, a fin de que los restos humanos encontrados sean devueltos a sus familias.
El Comité consideró «muy preocupante» la situación observada por varios mecanismos internacionales de derechos humanos durante sus respectivas visitas a México, en particular las realizadas por el Relator Especial sobre la tortura de Naciones Unidas en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en 2016.
Por lo que consideró necesario que el Estado mexicano «debe pronunciarse, sin ambigüedades», en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos. Además de anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas.
Con información de Milenio
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