Por
José de la Paz Bermúdez Valdés
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México reprobado: OCDE
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El mapa de la inversión
para la calidad educativa.
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Tamaulipas: un política
despiadada de recaudación.
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Observado
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México
reprobado: OCDE
La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) –integrada por un club de 34 países
productores de 60 por ciento de bienes y servicios a escala global–, de la que
México forma parte, ha reprobado en los meses recientes las políticas aplicadas
por la administración de Enrique Peña Nieto en los rubros de salud, educación y
seguridad.
Ahora bien está información permite
aseverar que el actual gobierno de la república ha reprobado en su acción de
política pública.
En octubre, ese club de naciones que se autoproclaman democráticas y desarrolladas consideró al país como su integrante más inseguro, pues a partir de la tasa de delitos y homicidios registrados, el país obtuvo una calificación de cero.
Al inicio del actual gobierno federal
se dijo que las estrategia emprendida por el gobierno anterior estaba
equivocad, que el nuevo gobierno enfocaría sus acciones en un nuevo diseño de
oferta de seguridad pública. Sin embargo transcurrido un año de gobierno, dicho
diseño no tan sólo no ha funcionado, sino que se ha concretado a realizar lo
que con tanta vehemencia descalificó.
México es el estado miembro que tiene la tasa más alta de asesinatos, pero también es el país donde existe la máxima disparidad regional en estos crímenes.
Esto sin lugar a dudas obedece a las
políticas estatales, como el caso Tamaulipas en donde el gobernante se ha
negado sistemáticamente a certificar a sus policías, quizás en franco apego a
los acuerdos sostenidos con el crimen organizado.
Más aun, su policía estatal es la
principal generadora de inseguridad, extorsiona, secuestra e incrimina
supuestos delitos a personas inocentes por el simple hecho de pertenecer a tal
o cual municipio. Es frecuente que la policía estatal en ciudad Victoria, detenga
a jóvenes provenientes de Matamoros, Río Bravo, Reynosa o Nuevo Laredo, por el
simple hecho de identificarse ser residentes de dichos municipios. Obviamente
la extorsión se hace presente cobrándoles fuertes cantidades por el simple
hecho de no residir en la capital del estado.
El gobierno de Egidio Torre Cantú, lo
sabe, lo permite en aras de respetar acuerdos oscuros con alguno de los grupos
delincuenciales, con quien mantiene excelentes relaciones.
Los índices revelados por la OCDE
colocaron a la República Mexicana en el último puesto en cuanto a educación, y
en los más bajos sitios en los ingresos por habitante.
Esta
situación no es ajena al gobierno de la república, sin embargola Secretaría de
Educación Pública sigue operando como una “Casta Divina”, en dónde sólo ella
autoriza planes y programas, en dónde sólo ella puede establecer el calendario
escolar, en dónde sólo ella determina la carga curricular para cada grado, en
fin dónde sólo ella es la máxima instancia para atender el renglón educativo,
en franco menoscabo de las diferencias estatales y regionales que vive la
población y la comunidad escolar.
En mayo pasado se divulgó un estudio elaborado por la organización, donde se ubicó a México en el último lugar de las dimensiones de educación y seguridad.
Cómo
no vamos a estar en el último lugar en educación si quienes dirigen este
renglón no permiten la participación de los docentes, de los académicos, de los
especialistas en el diseño y creación de planes y programas.
Y
evidentemente el bajo rendimiento escolar repercute en el desempeño laboral y
éste en la inseguridad.
Los
jóvenes que no son preparados adecuadamente, no tienen oportunidades de un buen
desempeño profesional, esto genera subempleo, frustración y el engrose en las
filas de la delincuencia ante la ausencia de oportunidades laborales para
ellos.
Hasta hace algunos meses, el ingreso
promedio de los mexicanos alcanzaba los 12 mil 182 dólares anuales, mientras el
promedio de los habitantes del resto de los países de la OCDE (33 naciones)
ascendió a 22 mil 284 dólares.
Esta
circunstancia ha originado un deterioro en el nivel de vida de los mexicanos.
El gobierno mexicano se preocupa por recaudar impuestos, poco o nada le importa
invertirlos en servicios, obras y sobre todo en educación e investigación
científica. La premisa es enriquecerse en el tránsito por los cargos
gubernamentales.
En México, para las mujeres el promedio
de vida es de 77 años, y de 71 para los hombres, frente al promedio de la
organización, en que las mujeres viven 83 años y los hombres 77.
Otro tema que atrae la atención de ese club de países es el incremento en las tasas de obesidad, que si bien ha aumentado en todos los países integrantes, para promediar 17.8 por ciento de la población, en México se dispara hasta 30 por ciento, sólo por debajo de Estados Unidos. Este fenómeno generará en el futuro notables problemas de salud, como la diabetes, padecimientos cardiovasculares y asma.
En el rubro de la delincuencia, considerada como un fenómeno territorial en casi todos los países integrantes de la OCDE –esto se intensifica en México–, en el país se registra la tasa más alta de asesinatos y se descubre el vínculo entre los actos ilegales y violentos con otras variables socioeconómicas como el desempleo juvenil.
Esta
circunstancia debería generar una Reforma de la Seguridad Pública, en donde los
cuerpos de seguridad pública fuesen evaluados permanentemente, empezando por
los altos mandos. Así como la denuncia del bajo índice educativo del país
señalado por la OCDE determinó que el gobierno de la república realizara la
seudo Reforma Educativa, así debería a avocarse a decretar una Reforma de
Seguridad Pública, en donde los elementos que no cumplan con los parámetros
exigidos para el desempeño de dichas funciones, deben ser despedidos.
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El
mapa de la inversión para la calidad educativa.
En
el ámbito educativo no podremos avanzar mucho mientras el gobierno de la
república siga observando la conducta
del “Tío Lolo” de querer enviar mensajes a la sociedad de que están cumpliendo
con sus obligaciones, cuando la realidad es que no tienen la capacidad para
atender la demanda educativa.
El
gobierno de la república no tiene los recursos suficientes para ofrecer una
educación de calidad en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria,
bachillerato y universitaria.
Pero
se rehúsa a permitir la inversión de la iniciativa privada. Su negativa
obedece a querer mantener una imagen de
autosuficiencia que no tiene.
A
la iniciativa privada le exige edificios estructuralmente bien construidos, les
cobra por la certificación de las instalaciones, les cobra por la inscripción
de alumnos, por el registro e incorporación de dichos alumnos, por la
validación y acreditación y finalmente por la legalización de documentos.
Constituye
todo un negocio para el gobierno como el de Tamaulipas, que un particular
ofrezca servicios de educación. ES tan precario el servicio que el gobierno
tamaulipeco ofrece a los particulares, que para la legalización de sus
documentos, los propios particulares tienen que elaborar los sellos con los que
el gobierno tamaulipeco legaliza y valida los estudios realizados en plantes
particulares.
No
obstante que cobran por todo, ni siquiera son capaces de confeccionar sus
propios sellos oficiales. ¿Qué le hacen al dinero que cobran por tanto concepto
que han inventado para las escuelas particulares?
Para
resolver el problema educativo de nuestro país, es imperativo que el gobierno
reconozca su incapacidad para atender este rubro, permita la participación de
los particulares como coadyuvantes en la solución de este problema.
Debe
elaborarse un mapa de prioridades educativas y estimular a la iniciativa
privada para que con su concurso auxilie a la prestación del servicio educativo.
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Tamaulipas:
un política despiadada de recaudación.
Lamentablemente
la política que realiza el actual gobierno de Tamaulipas es la de recaudar,
recaudar, recaudar y recaudar dinero por todos los conceptos existente o
inventados.
¿Y
dónde está ese dinero? Muy posiblemente en las cuentas bancarias de los
funcionarios gubernamentales.
El
séquito de sátrapas ubicados en las oficinas fiscales y los cobradores
municipales de las tesorerías locales han llegado al paroxismo de ofertar
descuentos a los contribuyentes y realizar rifas para que paguen sus impuestos.
Y
la pregunta sigue siendo la misma ¿Dónde está el dinero?
Porque
las calles están destrozadas en la mayoría de las ciudades de la entidad,
llenas de pozos, tapizadas de topes, sin banquetas, sin señalamiento vial,
carentes de alumbrado público. Entonces ¿Para qué quieren recaudar tanto
dinero?
Se
cobra el impuesto de tenencia vehicular, pero su asignación a una parte del
presupuesto de ingresos no existe. ¿A qué se destina ese impuesto?
Ya
en el pasado quedó demostrado que es un impuesto in justo, ilegal y que lastima
a las familias. ¿Por qué Egidio Torres y su séquito de rufianes persiste en ese
afán de lastimar la economía de los tamaulipecos?
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Observado.
La
administración municipal panista de Matamoros, salió más depredadora de los
dineros del pueblo que todas las administraciones priistas que la han
antecedido.
Hablan
de transparencia, pero, no le dicen a la ciudadanía que el padre de la
alcaldesa se ha convertido el principal contratista del municipio, el cobrador
de los porcentajes a los proveedores, el proveedor de medicamentos al
ayuntamiento, el único proveedor de refacciones para el taller municipal y por
si fuera poco el único que determina quién entra a laborar en algunas áreas de
la administración pública.
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