La Secretaría de Gobernación publicó
este lunes en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
El ordenamiento, que entrará en
vigor el martes, indica que la Comisión Intersecretarial para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos tiene 90 días hábiles
para realizar las modificaciones a su reglamento Interno.
En igual plazo, la Secretaría
Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos deberá crear la página web que contendrá una base
de datos para dar seguimiento al Programa Nacional en la materia.
Expone que se da un plazo de 120
días para el diseño de los programas de capacitación, formación y actualización
a que se refieren los artículos 89, fracción XV, de la ley y 83 del reglamento.
El mismo plazo se da a las
dependencias y entidades de la administración pública federal que proporcionen atención
directa a las víctimas, ofendida o testigos de delitos de trata de personas
para diseñar, implementar y modificar planes y programas en la materia.
La Dirección General de
Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Segob, en coordinación
con la instancia de atención a víctimas y la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR contarán con 90
días hábiles para elaborar el Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas.
La Comisión Intersecretarial, en
coordinación con la Segob y la PGR, deberá expedir en 90 días hábiles los protocolos
únicos para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y
protección de las víctimas y posibles víctimas de los delitos previstos por la
ley.
El ordenamiento señala que se
abroga el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
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