¿Cultura o pesos?
SI bien es cierto que las leyes y
reglamentos son para respetarse, también es muy cierto que, en muchas de las
ocasiones, la autoridad competente actúa de manera parcial o bien con fines
meramente económicos y no de interés común.
Lo anterior viene a colación por la campaña
exagerada en contra de automovilistas que ha desatado el Departamento de
Tránsito Local.
Lejos de tratarse de acciones tendientes a
reforzar la cultura del respeto a los ordenamientos viales, los patrulleros de
esa dependencia prácticamente se dedican a cazar conductores que por descuido o
a propósito no respetan el reglamento en la materia.
El uso del cinturón de seguridad, el
respeto a los señalamientos y semáforos, circular a la velocidad permitida o
bien los cristales polarizados son
causales de sanciones administrativas, cuando el automovilista hace caso
omiso a tal normatividad.
Sin embargo, el espíritu de la ordenanza se
pierde cuando los encargados de hacer respetar el reglamento vial cumplen con
su responsabilidad llevando como único objetivo el captar un número determinado
de infracciones para lograr la recaudación de tal o cual cantidad de pesos y
centavos.
Lejos de acciones que inhiban el paso de un
alto o bien el exceso del límite de velocidad, los agentes viales se emboscan
en lugares estratégicos para cumplir su misión que tiene como fin la captación
de recursos.
La combinación de ambas acciones
contribuiría a reforzar la cultura vial en la comunidad y, además, el
reforzamiento de las finanzas municipales mediante el cobro de las
infracciones.
Como si se tratara de cumplir una cuota
diaria o por turno, los policías viales dedican la mayor parte de su tiempo a
cazar conductores despistados o abusivos, según el caso.
Si realmente la Dirección de Tránsito
Local quisiera contribuir a la regulación del tráfico vehicular y apoyar la
competitividad y modernidad citadina, sus acciones debieran enfocarse en
someter al orden a los operadores del trasporte público urbano.
La anarquía en ese rubro está a los ojos de
propios y extraños a lo largo de todas las rutas establecidas y avaladas por la Delegación local del
Transporte.
En el entendido de que no necesariamente
tengan pasar por alto otras infracciones al reglamento vial.
El uso del cinturón de seguridad, por
ejemplo, es una costumbre que poco se usa en el territorio nacional, contrario
a lo que ocurre cuando cualquier ciudadano fronterizo cruza la línea divisoria
y se interna en los Estados Unidos de Norteamérica.
No es con multas, que a su vez generan
prácticas corruptas, como se logrará que los conductores aztecas entiendan las
ventajas que representa conducir sus unidades motrices con ese aditamento. Se
requiere de una campaña efectiva y duradera para lograr ese objetivo.
Ahora que, si de lo que se trata es de
aprobar reglamentos que generen beneficios económicos a través de las sanciones
administrativas, eso es otro cantar.
Un efecto colateral de la exagerada campaña
de Tránsito Local en contra de los automovilistas podría reflejarse el día de
las próximas votaciones.
Bajos salarios, canasta básica por las
nubes, alto costo de la electricidad y gas butano, rentas, entre otras
calamidades, agudizan el acosamiento de los agentes viales.
Tampoco se trata de que los poseedores de
vehículos hagan y deshagan el reglamento vial. De lo que se trata es que la
autoridad competente inhiba la violación al reglamento e induzca la cultura en
el manejo.
Mientras prevalezcan los pesos y centavos
por encima del bienestar común, poco o nada se podrá hacer para que Matamoros
sea considerada una ciudad modernista.
Por cierto, lo mismo sucede con el
arrastre al corralón de tránsito local por las grúas al servicio de esa
dependencia.
Sin señalamientos debidamente orientados,
los automovilistas tienen que desembolsar cantidades por encima de los 800
pesos tan sólo por dejar estacionado su vehículo en una zona restringida.
Operativos como los antes mencionados dejan
entrever que el objetivo es la captación de recursos por encima de la
orientación vial.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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