A
POCO menos de cinco meses de haber iniciado el actual sexenio federal, saltan a
la vista dos aspectos que ponen en duda la buena actuación del gabinete del
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.
De
entrada, lo que parecía una efectiva campaña en contra de la corrupción con el
encarcelamiento de la profesora ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, todo parece
indicar que simple y sencillamente se trató de una venganza política y una
manera de hacer sentir su fuerza por parte del mandatario nacional.
Si
bien es cierto que la soberbia de la ex dirigente del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación
es lo que realmente la mantiene en prisión, existen otros casos de marcada
corrupción en el área sindical.
El
senador de la república y secretario general del sindicato petrolero, CARLOS
ROMERO DESCHAMPS también es muy señalado por el coto de poder político y
económico en que ha convertido ese organismo sindical.
CARLOS ROMERO DESCHAMPS |
No
obstante, el parcial brazo de la justicia peñista ha puesto oídos sordos a la
malversación de fondos sin que tan siquiera se haya ordenado una revisión por
parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Lo
que llanamente significa que el Jefe del Ejecutivo Federal tiene dos varas para
medir raseros, en atención a la aportación al sistema político mexicano.
Salvo el proceso penal que mantiene privada de su libertad a la ex
lideresa del poderoso sindicato magisterial, el hecho de no tocar temas
relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada, y los viajes al
extranjero, han transcurrido sin pena ni gloria los primeros meses del gobierno
de PEÑA NIETO.
De
lo que no queda duda alguna es que la cruzada anticorrupción resultó más falsa
que un billete de tres pesos, al igual que el vaticinio en el sentido de que la
violencia en el país cedería con el cambio de gobierno y partido en el poder.
Así
como no se vislumbra ninguna acción tendiente a encarcelar a otros dirigentes
sindicales corruptos, tampoco disminuye el baño de sangre en la mayor parte del
territorio azteca.
Por
cierto, resulta por demás extraña la declaración del Secretario de Gobernación
MIGUEL OSORIO CHONG en el sentido de que las estadísticas en ese rubro muestran
una disminución de la violencia.
Extraño, porque diariamente medios de comunicación electrónicos e
impresos así como las redes sociales, dan cuenta de ejecuciones entre bandas
rivales o pérdida de vidas humanas durante enfrentamientos entre delincuentes y
fuerzas federales.
El
reacomodo de los distintos cárteles que operan en territorio mexicano al
disputarse el trasiego de drogas, es el principal motivo que mantiene en
zozobra e incertidumbre a las familias aztecas.
En
consecuencia, la polarización de la opinión pública no se hizo esperar, luego
de la declaración del encargado de la política interna en México.
Tampoco
se trata de que el actual PRI-Gobierno termine con ese cáncer que heredaron a
los mexicanos los sexenios panistas de VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERON
HINOJOSA.
Sin
embargo, es una realidad que la percepción ciudadana confiaba en un cambio
radical en lo que se refiere a la inseguridad y el avance desmedido del crimen
organizado.
Al
presidente PEÑA NIETO le urge que una vez tomados totalmente los hilos del
poder, concentre su atención en el flagelo que representa la violencia extrema
en la mayor parte de las entidades
federativas, si es que realmente pretende pasar a la historia con un buen
desempeño.
Tienen razón quienes opinan que el trabajo presidencial tiene otras
facetas que también requieren de especial interés. Sin embargo, tras doce años
de ejecuciones, enfrentamientos, balaceras, secuestros y extorsiones, se
requiere de urgente atención y voluntad política.
Hoy
en día, más que carreteras, escuelas u hospitales, los ciudadanos mexicanos
reclaman la tranquilidad de antaño y el derecho a trabajar libremente.
Lo
malo del caso es que tanto el estado de México como el Distrito Federal
comienzan a resentir los efectos de los grupos delictivos rivales.
Ni
hablar.
Y
hasta la próxima.
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