H, Matamoros, Tamaulipas:

OBSERVANDO



Por José de la Paz Bermúdez Valdés

La ambición desmedida.
El sector privado también hace fraude.
La educación en Tamaulipas estancada.
Observado.

La ambición desmedida.

Las últimas informaciones relativas a los ex gobernadores Tomás de Jesús Yárrignton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores señalan que varios de sus bienes – presuntamente mal habidos --- fueron incautados por el gobierno federal, dándoles la oportunidad de que se presenten a declarar sobre la forma en que los obtuvieron y así podérselos regresar.

Evidentemente no se han presentado y se duda de que lo hagan, ante la certeza de que serán detenidos y puestos en prisión, por la serie de delitos que se les imputan.

El ex gobernador matamorense, paga hoy, sus delirios de grandeza y su ambición de riqueza.

Estas conductas son clásicas en quienes asumen cargos públicos. Piensan y piensan mal, que los puestos públicos son para enriquecerse, que al pueblo pueden esquilmarlo y que jamás reclamará. Grave error.

Hoy en Tamaulipas observamos con preocupación las acciones que en forma ambiciosa y de despojo a los ciudadanos de esta entidad ha diseñado uno de los peores gobiernos estatales de que se tenga memoria. La ambición por obtener recursos es frenética. Buscan por todos los rubros de la administración pública como cargar más impuestos a los contribuyentes.

Las gabelas impuestas rayan en algunos casos en el absurdo. Si bien es cierto que toda ley, toda disposición legal debe obedecer en principio a la universalidad, es decir, ser igual para todos, en la práctica el gobierno del estado promulga disposiciones con dedicatoria especial.

Veamos algunos cuántos ejemplos:  En el sector educativo, se ha creado, aparte de incrementar la burocracia estatal, para favorecer algunos amigos sin trabajo, un organismo denominado Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa (ITIFE).

Presumiblemente dicho organismo tiene la pretensión de certificar los inmuebles educativos, cosa que no es cierta. Por principio de cuentas, ¿Cuántos edificios oficiales ha certificado? Es decir, ¿cuántas escuelas, jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias y universidades públicas ha certificado? La respuesta es obvia. A ninguna.

La Ley, fue diseñada para exigirles a los particulares todos los requisitos habidos y por haber, para que puedan prestar el servicio público de educación.  ¿Por qué el estado no empieza a cumplir con la norma? La respuesta es más que obvia. Porque la intención no es que las instituciones educativas estén en buen estado, cumplan con las normas de construcción, sean una garantía para los alumnos de que es una edificación confiable, no, la intención es que los particulares paguen por la supuesta certificación, es decir, se quiere que ingrese más dinero a las arcas estatales.

Mientras a los particulares se les obliga a obtener una certificación de sus instalaciones, el gobierno estatal abre jardines de niños, primarias, secundarias con aulas de madera, sin servicios públicos y carentes de los mínimos requisitos de seguridad. Abre escuelas de educación media superior en escuelas prestadas, que evidentemente tampoco están certificadas.

Así pues, queda más que claro, que la idea no es que haya instituciones de educación con mejores instalaciones, sino que éstas hayan pagado las cuotas que por dicha certificación cobra el estado. Una manera burda de adquirir recursos. Propia de  bandidos, no de gobernantes honestos, preocupados por el ofrecimiento de mejores niveles de vida.

Otro ejemplo. Estudia el gobierno estatal la posibilidad de volver a cobrar la tenencia vehicular. Al parecer, siguen lloriqueando porque este 2012 el gobierno federal les quito el saqueo de esos recursos, que nunca los contribuyentes de este impuesto vieron reflejados en mejores calles, en mejores carretera y que por el contrario se ha prestado para que cada trienio, cada sexenio, tengamos nuevos ricos.

Resulta inaudito que a estas alturas de la demostración de inoperancia de cobrar dicho gravamen, se sigan frotando las manos, para implementarlo y de esa manera llenar las cuentas bancarias del gobernante en turno.

Un tercer  ejemplo. Se publicita por los diferentes medios de comunicación las supuestas facilidades que el gobierno estatal otorga a los contribuyentes que por diversos motivos no pagaron las tenencias atrasadas, ofreciéndoles que paguen los tres últimos años de dicha deuda para que de esa manera queden regularizados en su deuda.

Mayor pifia no puede existir. Si se derogó el anticonstitucional acuerdo que dio vida a dicho cobro, al desaparecer dicha disposición, automáticamente desapareció no tan sólo la obligación de cubrir dicho gravamen, sino la extinción del adeudo. Lo accesorio sigue la suerte del principal.

Pero como de lo que se trata es de despojar a la ciudadanía de los exiguos ingresos que obtiene fruto de su trabajo, se busca, cómo embolsarse dinero. Simple ambición.

Y así, podríamos denunciar muchas de las irregularidades cometidas por el actual gobierno estatal  ¿Será esta, la forma de gobernar del nuevo PRI?

¿Será tanta la ambición de dinero del gobernador del estado?

El sector privado también hace fraude.

Y uno cree que sólo en el sector público se dan sinvergüenzadas. No, no es así. También en el  sector privado no curten tan malas baquetas.

Así tenemos que una compañía comercializadora de concreto, como lo es Apasco, es una de las empresas más fraudulentas en el mercado.

Resulta que dicha empresa vende concreto por metro cúbico en camiones revolvedores del producto y lo expanden mediante una bomba de alta presión en la superficie señalada.

Sin embargo, si usted estimado lector, compra x cantidad de metros cúbicos, siempre le falta producto. No obstante que envían a una persona medir y cubicar el espacio donde habrá de depositarse el concreto.

O sea que en lugar de darle metros cúbicos, le dan 800 milímetros cúbicos, lo que representa un auténtico robo a los clientes de dicha empresa. Tal vez, y sólo tal vez, esa empresa debe tener operaciones similares a las gasolinerías y como tal entrega disminuida el producto.

Esto dicho en buen castellano quiere decir que lo roban. Son varios las personas que se han quejado de esta situación. Por supuesto la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no hace nada por sancionar a estos ladrones de concreto.

Si en algo valora su dinero y la posibilidad de no ser robado por esa compañía Apasco, S.A. no compre concreto en ella. Lo robaran.

La educación en Tamaulipas estancada.

No puede avanzar la educación en Tamaulipas mientras existan funcionarios como Diódoro Guerra Rodríguez que desconoce su función y es manipulado por sus subalternos.

Existen instituciones educativas, si así se les puede llamar, donde los alumnos reciben las clases sentados en blocks de concretos que ellos llevan de sus casas, sentados en cajas de maderas, de esas que sirven para empacar tomate, en fin en asientos que están muy lejos de constituir un mesabanco.

Evidentemente el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla con evidentes deficiencias.

Mientras a otras instituciones se les dota de los últimos avances tecnológicos e informáticos.

Esto constituye aparte de inequidad una injusticia, de la cual el Secretario de Educación de Tamaulipas es participe. Entrega recursos extraordinarios a una escuela que presuntamente obtiene primeros lugares en el examen de ENLACE y que es fuertemente cuestionada por quienes si saben de educación y de evaluación y deja a miles de escuelas, sin mesabancos, sin pizarrones, vamos, sin aulas, ya que las casas de madera que los padres de familia consiguen son de pequeñas dimensiones y difícilmente podrían llamarse aulas.

Observado.

Por otro lado, en la dependencia que supuestamente dirige Diódoro Guerra Rodríguez diariamente se cometen arbitrariedades,  injusticias y violaciones constitucionales.

Es bien conocido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su “Artículo 5o. . Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. … Sin embargo un mentecato como lo es Camilo Francisco Rodríguez, quien se desempeña – mal por cierto – como Jefe del departamento de pagos de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, violando la constitución, retiene el sueldo a los profesores, con soeces motivos.

Una dependencia pública que practica la violación de los derechos de los trabajadores, no puede ser una buena dependencia. Su actuar n os da una idea de que quien la dirige, ni siquiera sabe lo que sus subalternos realizan. Y a eso se le llama…..


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Editores periodico frontera

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