POR: JAIME SOSA 25/SEPT/2020
Porque nada debe estar por encima de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Cabildo de Matamoros
analizan la pertinencia de promover una controversia constitucional contra el
decreto emitido por el Gobierno de Tamaulipas, mediante el cual asume el mando
de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En conferencia de prensa ofrecida este viernes por la
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública en el Cabildo que preside Adolfo Iván
Puente Acosta, y como secretario David Alfonso Bedartes se dio a conocer el
posicionamiento de integrantes del Ayuntamiento sobre el Decreto emitido el 22
de septiembre por el Gobierno del Estado.
Al dirigirse a los medios de comunicación Puente
Acosta estableció que el Cabildo es la autoridad que por unanimidad o por
mayoría asume las determinaciones que han de regir el actuar municipal.
Agregó “el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ha sido
notificado por conducto de su Presidente Municipal de un decreto mediante el
cual el Gobernador de Constitucional del Estado de Tamaulipas asume el mando
inmediato de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fundamentándose para
ello en la fracción VII del artículo115 Constitucional, y motivando su
determinación en el hecho de que la ya citada Secretaría de Seguridad Pública
Municipal fue omisa al dejar de intervenir en eventos sucedidos en territorio
del municipio y que alteraron gravemente la paz social”.
Ahora bien añadió, si bien es cierto que el artículo 115 Constitucional en su
fracción VII establece que: “La policía preventiva estará al mando del
Presidente Municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del
orden público”.
No es menos cierto que la motivación esgrimida para la aplicación de esa
disposición no es veraz, ni suficiente,
ni integra, ni legal de manera contundente, expresó ante los medios de
comunicación.
El Presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad
Pública también se refirió al Convenio de Colaboración y Coordinación en
materia de Seguridad Pública celebrado con el Gobierno del Estado de
Tamaulipas, mediante el cual se cedía a este último las funciones de seguridad
pública en el municipio de Matamoros.
El citado convenio fue suscrito el 17 de enero del
presente año y con vigencia al 31 de diciembre de este mismo año; en ese
sentido añadió, la tutela de la seguridad pública corresponde al Estado desde
el 2013, ratificándose el convenio periódicamente.
Mencionó además, que la federación destina al
municipio 20 millones de pesos anuales del programa Fortalecimiento para la
Seguridad -FORTASEG-, recursos que el municipio cede al Estado para que
adquiera equipo táctico, mobiliario, armamento, personal y todo lo necesario
para otorgar seguridad en Matamoros.
Enseguida el secretario de la Comisión, David Alfonso
Bedartes Rodríguez expresó el desacuerdo de integrantes del Ayuntamiento al
citado decreto gubernamental, en donde hace referencia a que la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal fue omisa al no intervenir en el evento que alteró
el orden público, esto, agregó, porque la corporación municipal no está
facultada, ni capacitada para actuar en ese acto.
En todo caso refirió, quien debió y pudo actuar, y no
lo hizo fue la Policía Estatal Acreditable del Gobierno del Estado asignada a
este municipio, dependencia que tuvo conocimiento de los eventos expuestos en
el decreto.
Expresó que sí tomar el mando de la SSP en Matamoros
implica tener un cuerpo policiaco capacitado, equipado, eficiente. Honesto, y
con la proximidad que se requiere para brindar seguridad a los matamorenses, es
bienvenido.
Agregó, sí ese cuerpo de policía integrado, capacitado y equipado sustituye a
nuestras corporaciones desarmadas y sin equipo táctico y eso redunda en más
seguridad eficiente, la medida sería bien vista.
Sin embargo añadió, también de cara a la autonomía municipal, sí el decreto
gubernamental no reúne los requisitos fundamentales para su validez, aún con lo
que su contenido implique, desde ahora, manifestamos que se analiza la
pertinencia de promover la controversia constitucional que proceda en contra
del decreto que se habla para restablecer la autonomía municipal.
Nada debe estar por encima de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía municipal es una calidad que
tiene rango constitucional; los tribunales determinarán en todo caso la
legalidad del acto, concluyó.
En ese mismo encuentro con los medios de comunicación,
el segundo síndico, Isidro Jesús Vargas Fernández hizo un llamado al Gobierno
del Estado para que se actúe de manera jurídica porque el Ayuntamiento tiene
una autonomía como tal, con un convenio de colaboración firmado, pero todo
pareciera agregó, que se rompe con tal convenio, se rompe el orden
constitucional.
En ese sentido reiteró, estamos analizando la posibilidad de presentar una
controversia constitucional en contra
del decreto emitido por el gobierno del estado por considerar que transgrede el
orden constitucional.
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