A rendir buenas
cuentas
-INE obligado a
recuperar la confianza
-Candidatos trabajan
a marchas forzadas
-Fiscalizan con lupa
los gastos de campaña
EN Tamaulipas, el
todavía flamante Instituto Nacional Electoral está obligado a ganarse la
confianza ciudadana y, sobretodo, demostrar que valió la pena el millonario
gasto para suplir al desaparecido IFE.
Teóricamente, el
nuevo árbitro electoral es un ente cien por ciento ciudadanizado y, por ende,
fuera del alcance del gobierno federal y de los partidos políticos.
En consecuencia, su
actuación en la competencia eleccionaria para la renovación de curules en el
palacio legislativo de San Lázaro, prácticamente será su prueba ante los ojos
de los electores tamaulipecos.
Justo ahí es donde
nace la reflexión obligada acerca de la imperiosa necesidad que tiene el INE
para lograr la confianza ciudadana.
Una actuación
parcial a favor de tal o cual partido político o candidato sería una mala
estrella para el nuevo órgano fiscalizador en materia de elecciones
constitucionales, locales y federales.
Al igual que los
abanderados de los distintos institutos políticos y candidatos independientes,
el INE está obligado a recobrar la confianza que se perdió con el actuar del
entonces IFE.
Justamente, las
promesas incumplidas de los candidatos a diferentes cargos de elección popular
y la parcialidad del desaparecido órgano arbitral electoral son situaciones que
han provocado el abstencionismo en cada proceso eleccionario.
Cuestión de
analizar las promesas, proyectos e iniciativas de quienes pretenden integrar la
nueva legislatura en la Cámara Bajala Unión.
Por ejemplo, los
diez abanderados que compiten en el IV Distrito más el candidato independiente,
coinciden en que habrán de gestionar más recursos para programas sociales,
mejores salarios, seguridad, apoyos para el campo, modificar la ley del
Infonavit, bajar la tarifa eléctrica, mejorar la infraestructura hospitalaria,
etc., etc.
Luego entonces,
quiérase o no, la pregunta obligada es ¿qué han aportado a los tamaulipecos
diputados federales de la LXII Legislatura
Lo malo del caso
es que estos servidores públicos que están por concluir su labor legislativa,
prácticamente ofertaron lo mismo de quienes ahora se desgarran la vestiduras en
la llamada “elección intermedia” o “elección del presidente Enrique Peña
Nieto”.
Aunque, eso sí, salvo
una pequeña o grande diferencia, según el cristal con que se observe. Hace tres
años cuando los actuales diputados federales buscaban el voto popular la
situación financiera en el país y, por ende, presupuestal, ofrecía cierta dosis
de credibilidad a las promesas de campaña. Actualmente, las condiciones
económicas son diametralmente opuestas como consecuencia de la caída del precio
del petróleo, la principal fuente de financiamiento del gobierno federal.
En otras palabras,
si antes los candidatos no cumplieron lo prometido, las plataformas electorales
en el actual proceso eleccionario, en consecuencia, tienden a ser inviables.
De lo que no
queda ninguna duda es que las nuevas reglas de la competencia electoral obligan
a los aspirantes a la diputación federal a realizar un mayor esfuerzo en la
labor de convencimiento en busca del voto popular.
Los recorridos de casa por casa en distintas
colonias, centros comerciales, brigadas de impacto, entrevistas con medios de
comunicación y reuniones con diversas organizaciones civiles, han sido el pan
de cada día en los 14 días de proselitismo electoral.
La fiscalización
de los gastos de campaña por parte del Instituto Nacional Electoral, obliga a
partidos y abanderados a intensificar el trabajo de campo y olvidarse de las
ventajas que significaban los constantes spots publicitarios, salidas a cuadro en
las televisoras locales y los desplegados en medios impresos.
Ni hablar.
Y hasta la
próxima.
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