En 2011 el Instituto Federal Electoral (IFE) reconoció en su
reglamento de propaganda electoral la existencia de las radios comunitarias y
características especiales (contextos y condiciones económicas) que tienen las
radios comunitarias para dar cumplimiento al pautado de la propaganda
electoral, tal como se estableció en el COFIPE. Con este hecho, el IFE se ponía
a la vanguardia en el reconocimiento de los medios comunitarios por parte de un
organismo del Estado Mexicano.
Esta actitud abierta y comprensiva del entonces IFE, celebrada por
la AMARC y otras organizaciones de la sociedad civil, contrasta diametralmente
con una inconcebible disposición en el nuevo reglamento en materia electoral
que prácticamente convertirá al INE en la policía del espectro radioeléctrico,
al denunciar ante el IFT aquellas señales que correspondan a radios que
presuntamente no cuenten con autorización para transmitir.
De aprobarse esta equívoca y desnaturalizada tarea para el INE, se
estaría convirtiendo a esta institución en un instrumento que realizaría el
trabajo sucio al servicio de la Cámara de la Industria de la Radio y la
Televisión, organismo representante del oligopolio radiofónico que
históricamente se ha opuesto a toda posibilidad de diálogo para incorporar a la
legalidad a quienes hasta ahora han visto cerrados los caminos para conseguir
el permiso o la concesión desde las comunidades marginales del campo y de la
ciudad para transmitir contenidos no comerciales, netamente de servicio social
de interés beneficio para dichas
comunidades.
La AMARC México llama al Instituto Federal de Telecomunicaciones a
aprovechar las posibilidades, por mínimas que éstas sean, abiertas por la nueva
legislación, para acercar y dialogar con las y los representantes de medios
sociales carentes de autorización para transmitir y buscar su incorporación al
régimen legal, privilegiando la vía pacífica y racional en la solución de
conflictos dentro de un contexto político y social que debía convocar con
urgencia a utilizar estos métodos civilizados en lugar de la criminalización
injusta y desproporcional que se han utilizado hasta ahora.
Exhortamos respetuosamente al Consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello y a las y los integrantes de su
Consejo General a no permitir, bajo ningún concepto, que este lamentable
despropósito pase a formar parte de su reglamento, cuando hay otras tareas de
vigilancia que la ciudadanía en verdad apreciaría del INE, como es la de
suprimir y sancionar toda la propaganda electoral disfrazada de informes por
parte de políticos en funciones de representantes populares o en cargos de
gobierno.
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