H, Matamoros, Tamaulipas:

PALACIO

Por Mario A. Díaz

            ¿Y la impunidad, ‘apá?

- Pretenden copiar el modelo gringo, pero…
- Primero la impunidad, luego las leyes
- ¿Algún gobernante corrupto castigado?
- ¿Corrupción en E.U?... ¡Claro que sí!

    MIENTRAS las tres instancias de gobierno mexicanas no ataquen el grave problema que representa la impunidad, de poco o nada habrán de servir leyes secundarias o reglamentos.
   Lo anterior viene a colación por la reciente aprobación del cabildo matamorense de la nueva normatividad en materia de sanciones inherentes a la circulación vehicular.
   Multas equivalentes a varios salarios mínimos y la inclusión de nuevos motivos para infraccionar contempla el nuevo reglamento vial que en  breve entrará en vigor en este puerto fronterizo.
   Luego de haber sido aprobado en el pleno del cuerpo edilicio, el documento solo está en espera de la ratificación por parte del Congreso Local.
     Vale la pena precisar que la modificación y actualización del nuevo reglamento vial está en marcha en los principales municipios de la entidad.
    Al respecto, es objetivo analizar algunos bemoles del nuevo reglamento de tránsito local que muy pronto habrá de regular y sancionar el proceder de los automovilistas que circulen por calles y avenidas de los municipios tamaulipecos.
     De entrada, la pregunta lógica es quién habrá de hacer cumplir la nueva normatividad en la materia, tomando en cuenta que prácticamente han desaparecido las delegaciones de tránsito local así como las policías preventivas, aquí, en el noreste mexicano.
    Asimismo, es necesario analizar hasta dónde es correcto tratar de copiar algunos modelos estadounidenses que tan buenos resultados arrojan allende el Bravo.
     Justo ahí es donde la reflexión cobra vida y surge la incongruencia.
    Entre otras leyes y reglamentos, el gobierno federal azteca ha copiado del poderoso país vecino del norte, por ejemplo, la Ley Federal de Transparencia de la Información Gubernamental, el modelo de Testigo Protegido, los Juicios Orales y la privatización de los Servicios Públicos, por citar algunos ejemplos.
    Las instancias estatal y municipal, lo que ahora está de moda: el Reglamento Vial y el Bando de Policía y Buen Gobierno.
   Sin embargo, no es con decretos ni con multas y sanciones como habrá de cambiar la cultura de los mexicanos. Mientras en nuestro país no se ponga un freno a la impunidad, las leyes y reglamentos más severos solo contribuirán a incrementar la corrupción.
    Es decir, mientras que la sociedad mexicana no sea testigo de castigos para funcionarios y políticos corruptos, resulta prácticamente imposible que prevalezca la confianza hacia los gobernantes.
    Tan simple como preguntarse cuántos presidentes de la república, gobernadores o alcaldes han sido castigados por enriquecimiento inexplicable o explicable, según la óptica con que se observe.
    Las costumbres y cultura mexicanas no pueden cambiar por decreto o con buenas intenciones. Es imposible que en un trienio, una sociedad como la matamorense, por ejemplo, asuma en nuestro país la responsabilidad que adquiere apenas comienza a transitar por los puentes internacionales con rumbo a los Estados Unidos.
    En el vecino país, su modelo de aplicación de justicia y reglamentos les ha dado excelentes resultados simple y sencillamente porque allá sí se aplica la ley. ¿Que hay corrupción?, por supuesto que existe. No obstante, en el país más poderoso del planeta no se tolera la impunidad. En otras palabras, el que la hace, la paga.
    De ahí que, a nivel local, todos los automovilistas conduzcan con el cinturón de seguridad, no tiren basura en las calles, no manejen en estado de ebriedad, tengan vigentes sus licencias de manejo y seguro de responsabilidades. También, que todos los lugares en donde se expenden bebidas embriagantes cierren a las dos de la mañana y no se venda licor ni cigarros a menores de edad.
    Para hacer respetar todo lo anterior no es necesario el patrullaje de soldados, marinos o policías federales portando armas de alto poder y a bordo de unidades blindadas y artilladas.
    Es de todos sabido que en Estados Unidos agredir a un policía municipal, estatal o federal es un delito que el Tío Sam no perdona. En México, ya no son novedad las agresiones a jefes militares o policiales de alto rango, sin que siquiera se identifique a los responsables ni mucho menos se les castigue por el delito cometido.
    Luego, entonces, ¿de qué sirven leyes y reglamentos severos si persiste la impunidad?
  Y hasta la próxima.


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Editores periodico frontera

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