Por Mario A. Díaz
¿Round perdido?
- Suspendido el Operativo Mercurio
- ¿Con los dedos contra la puerta?
- ¿Tregua temporal como estrategia?
- Ah, caray… ¿apoyando a la competencia?
AL MENOS en Matamoros, el Operativo Mercurio
del gobierno estatal, encaminado a sacar de circulación a los llamados “taxis
pirata” no llegó a buen puerto.
La incursión de la Policía Estatal
Acreditada, que dejó un saldo de 15 vehículos asegurados y depositados en el
corralón municipal el miércoles de la semana pasada, provocó que los
trabajadores del volante que operan de manera irregular protestaran al día
siguiente en la explanada de la Plaza
Hidalgo.
Reconociendo que actúan al margen de la
normatividad, pero con el argumento de que trabajan para sostener a sus familias, los inconformes
solicitaron la intervención de la autoridad municipal y de la Delegación
Estatal del Transporte.
Pero no solo eso.
Al menos oficialmente, algunos sindicatos se solidarizaron con su
postura. El Frente Único de Trabajadores de Autos de Alquiler, Maxitaxis y
Conexos (
FUTAAMYC) hizo sentir su presencia y ordenó la suspensión de
actividades de las llamadas peseras desde poco antes de la siete de la mañana
hasta alrededor de la una de la tarde.
La medida extrema colapsó el sistema de
transporte colectivo, impactando a la planta productiva al impedir que los
trabajadores llegaran a tiempo a sus centros de trabajo. También el ausentismo
escolar fue un efecto colateral de la postura sindical.
Seis horas sin transporte colectivo en
esta ciudad fronteriza fueron suficientes para que el gobierno del estado
cancelara el operativo Mercurio, ante la revirada de los trabajadores del
volante.
Es decir, en la medición de fuerza,
prácticamente la autoridad estatal perdió el primer round con quienes desde
hace varios años se dedican a trasladar pasajeros de un punto a otro sin contar
con la concesión respectiva ni tampoco con la documentación en regla de los
vehículos que utilizan para tal fin.
Estimativamente, son alrededor de 800 taxis
pirata que brindan ese servicio a bajo costo y con mayor rapidez, superando en
ese sentido a los asociados del FUTAAMYC.
Mediante la devolución de los autos
decomisados y la promesa de que se analizará su situación para incorporarlos a
la legalidad, se desactivó el conflicto que derivó en la paralización temporal
del servicio de transporte urbano en Matamoros.
No obstante, quedó en el ambiente la
percepción de que en realidad se trata de una especie de tregua, para dar
tiempo a que la Delegación Estatal
del Transporte se coordine con las autoridades federales que tienen a su cargo
la nueva estrategia en materia de seguridad pública en Tamaulipas.
Resulta un tanto incomprensible cómo le
hará el gobierno del estado para otorgar 800 nuevas concesiones, sumado a que
la gran mayoría de las unidades ilegales son de procedencia extranjera y, en
algunos de los casos, robadas.
Menos aún cuando la estrategia del secretario
de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG contempla la regulación del trasporte
colectivo, ante la sospecha de que este servicio se utiliza también en
actividades fuera de la ley.
Aunque, es objetivo señalar, el problema
de los taxis pirata es herencia que recibió el actual sexenio del ingeniero
EGIDIO TORRE CANTU de parte de sus antecesores. De diez años a la fecha, esa
lucrativa actividad se ha incrementado notablemente en la tierra de Rigo Tovar.
Al margen de responsabilidades, lo cierto
es que la apatía, complicidad y negligencia oficial, aunadas a oscuros
intereses, son factores que ahora prácticamente tienen sometido al gobierno
estatal.
El control del transporte colectivo por
grupos no gubernamentales se ha convertido en una punta de lanza que amaga a la
autoridad constituida. Los hechos del pasado jueves hablan por sí solos.
Por cierto, vale la pena analizar
detenidamente la postura asumida en el conflicto por el sindicato que aglutina
a los operadores de peseras y taxis.
No resulta lógico que el organismo sindical
que trabaja dentro de la normatividad oficial apoye abiertamente y con acciones
extremas a quienes no solo no cumplen con lo estipulado en la ley estatal de
transporte sino que, además, son potencial y desleal competencia.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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