TRIBUNA POLITICA.
POR PROFR. JOSE LUIS CORONADO
ALVARADO.
Desde
el momento mismo en que el Presidente Peña fue presentando sus reformas “de
gran calado” (bautizadas así por el grado de agravio a amplios sectores de la
sociedad mexicana y esperemos a que el tiempo diga lo contrario, por presión
misma de la sociedad organizada) se avizoraba en el escenario lo que no fueron
capaces de hacer las administraciones azules, es decir el impulso de las
reforma pagando el costo político, aunque este a Juan Pueblo poco le importe y en ocasiones parezca que esta
condenado al fatalismo que da la conformidad y la apatía.
Sin
embargo, la ruta legal puede marcar la diferencia aunque por sí sola no baste,
de ahí que el juicio de garantías consagrado en la Constitución, con todo y que
haya sido reformada también esa Ley para allanar el camino del entreguismo de
la riqueza nacional a algunos dinerosos del país coludidos con las cúpulas
partidistas, para seguir a pie juntillas los dictados de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Sin
embargo con ello se dieron ciertos equilibrios con miles de demandas de Amparo
que por el lado del Sector Educativo, movilizaron a miles de maestros y padres
de familia, además de organizaciones sociales que desde el periodo de marzo del
año anterior han tenido en jaque al autoritarismo educativo encabezado por
Emilio Chuayffet.
De
ahí que desde ese recorrido legal, el Consejo de la Judicatura Federal haya
designado inicialmente a tres juzgados de Cholula, Puebla para conocer y
resolver dichos litigios, además de que se tuvieron que asignar otros de la
misma ciudad, pues también hubo amparos contra las tres leyes derivadas de la
reforma constitucional y lo habrá contra los lineamientos que emita tanto la
SEP Como en Instituto Nacional de evaluación educativa.
Y la
ruta sigue pendiente toda vez que existen dos instancias internacionales
más, tanto en Costa Rica como en
Washington en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que en el
plano nacional, falta la “Armonización de las leyes estatales” lo que ya
provocó la interposición del Juicio de Amparo en el caso de la de Yucatán.
EL STATUS EN LA HORA ACTUAL.
Los jueces federales Leonel López
Gianopoulos, Carlos Soto Morales y Pedro Arroyo Soto, tres de los cinco jueces
designados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para desahogar las demandas
de amparo que maestros de país presentaron para frenar los alcances de la
reforma educativa del Presidente Enrique Peña , enfrentan una queja
administrativa por presuntas irregularidades en su función jurisdiccional.
Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista y
representante de cientos de maestros del país, presentó la queja administrativa
contra los tres juzgadores, en la que alega supuestas violaciones al
procedimiento jurídico y a la Ley de Amparo de parte de los impartidores de
justicia, y en prejuicio sus representados.
Según el también Doctor en Derecho, las determinación
de estos tres jueces de acumular todas las demandas individuales presentadas
por los maestros en un expediente afecta las garantías a un procedimiento
jurídico adecuado, amén de que no está previsto en la Ley de Amparo tomar este
tipo de decisiones jurídicas.
Los jueces emitieron acuerdos
independientes en los que se declararon incapaces para resolver las
controversias de manera individual, debido a las múltiples peticiones de amparo
que han hecho valer cientos de miles de agraviados, además de que el 26 de
octubre pasado, el CJF informó que de todo el país recibieron hasta ese mes 4
mil 300 demandas de amparo contra las leyes secundarias de la reforma
educativa, suscritas tanto a titulo personal como colectivo y en total la
judicatura registró 203 mil quejosos de manera individual.
La abundancia de demandas de amparo promovidas, ha
provocado que después de tres meses de interpuestas, cientos de escritos ni
siquiera hayan podido ser admitidos a trámite por alguno de los cinco jueces
designados para resolver estas controversias y la decisión de acumular los
juicios en un solo expediente molestó al laboralista Fuentes Muñiz, autor de
buena parte de las demandas de amparo, quien el pasado lunes presentó las
quejas administrativas contra los juzgadores.
Resulta evidente que los juzgadores,
a parte de usar una figura jurídica que actualmente no se encuentra prevista en
la Ley de Amparo vigente, no se están sujetando al procedimiento previsto para
la tramitación de los juicios, extendiéndose notoriamente de sus facultades,
además de que falsean la información al afirmar que procede la acumulación como
única medida para resolver las miles de peticiones de amparo, refirió Fuentes
Muñiz en su escrito de queja presentada, solicitó a la judicatura que inicie de
inmediato una investigación, cite a los juzgadores, y en su caso aplique una
sanción administrativa ejemplar en contra de ellos.
POR LOS CAMINOS DE LA RESISTENCIA.
Al reunirse con el subsecretario de
Gobernación, Luis Enrique Miranda, dirigentes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguran que la Secretaría de Gobernación
se comprometió a reinstalar en sus puestos de trabajo a alrededor de 550
docentes que fueron cesados durante la jornada de protestas del año pasado, con
lo cual logran grandes avances, y aun cuando hay diferentes mecanismos dependiendo
de las secciones, el acuerdo es el cese a cualquier acto represivo,
administrativo, jurídico, y se da la garantía de la instalación en sus lugares
de trabajo a la mayor brevedad posible en los estados de Jalisco, Veracruz,
Oaxaca, Puebla y Distrito Federal….¡Lo bueno es que desde la voz oficial se
dice que no hay represión, que a nadie se sataniza, que existe el respeto a los
derechos laborales y a los derechos humanos! ¿Será?...¡Quizá cuestión de
enfoque! ¡Claro que interesa el estado
de derecho¡…¿Y cuando hay leyes injustas?...¡Al tiempo las respuestas!
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