Javier Rodríguez Alcalá.
Sin hacerle gestos.
Lo dicho, este mes de Diciembre será quizás
el más recordado por la presente administración federal, pues lograron
cristalizar el paquete de reformas que según dicen permitirán transformar al
país.
De estas reformas, quizás la más importante
es la energética, la cual pese a las protestas ciudadanas, toma de
instalaciones, y hasta el desnudo de un legislador federal, finalmente fue
aprobada.
Ahora corresponderá a los congresos locales
validarlas, y el escenario muy seguramente no será distinto, habrá algunas
manifestaciones, descalificaciones de los diputados locales de oposición, pero
finalmente también la aprobarán. Aquí nuestros legisladores ya están listos
para aprovechar las fiestas decembrinas y sacarla adelante. Muy seguramente
será una de sus mejores navidades.
Hablando de buenas navidades, en el municipio
del Mante, el cabildo aprobó el descuento al pago del impuesto predial, del
100% en recargos, así como en gastos de ejecución y cobranza, lo que sin duda
alguna alentará a los mantense a regularizar su situación en el pago de este
impuesto.
Y es que año con año, casi la totalidad de
los cabildos en los municipios de la entidad autorizan determinado porcentaje
de descuento en el pago de impuesto predial, pero solo en su costo habitual,
cosa que sin lugar a dudas beneficia, pero hasta ahora, no sabía de descuento
de esta naturaleza, y menos en ese porcentaje en el rubro de recargos, y menos
aun en los gastos de ejecución y cobranza.
En opinión propia, creo que los alcaldes del
resto de los municipios del estado deberían de ver detenidamente esta
determinación del cabildo mantense, pues no es un secreto que los gastos de
ejecución y cobranza son los que finalmente resultan los mas gravosos de
cubrir, de ahí que el endeudamiento crezca de manera escandalosa año con año, y
dificulte cada bimestre regularizar el pago de este impuesto.
Po ejemplo, en esta capital, cada
notificación, que se realiza cada bimestre incumplido, tiene un costo superior
a los 200 pesos, y el punto es que el pago anual en la mayoría de los casos
supera por muy poco, el cobro de los llamados gastos de ejecución y cobranza,
de tal suerte, que a finalizar el año, si no se logró poner al corriente, el
adeudo rebasa los mil 500 pesos, cuando el impuesto a pagar apenas superaba los
200 pesos, o es más, vamos a presumir que los duplicaba.
Entonces, si el endeudamiento es de esta
naturaleza, difícilmente un obrero, o empleado común va a poder regularizar su
situación, y tendrá que seguir viviendo con
la incertidumbre de un embargo, como lo consignan los oficios de
notificación que envían las áreas de finanzas municipales.
Por cierto, en este tema sería sano que el
congreso local, aunque solo les sirva para los reflectores, analizara los costos
de el llamado gasto de ejecución y cobranza, porque a decir de los que saben,
los encargados de realizar las notificaciones, son quienes al final salen
ganando, pues plácidamente podrían entregar de manera diaria unas diez
notificaciones, lo que les garantizaría un ingreso diario superior a los dos
mil pesos.
¿Quién determina, o como se establece un
costo de ejecución? Ahora bien, si el trabajo diario de nuestros gobernantes es
el estar implementando mecanismos, buscando estrategias, ideando la forma de que
los tamaulipecos tengamos una mejor forma de vida, entonces porque permitir
este tipo de cobros tan exagerados, que si bien en lo inmediato beneficia a
alguno de sus amigos o allegados, a la postre solo provoca el estancamiento de
la recaudación, y el endeudamiento ciudadano. ¿Quién tiene la palabra?
Hablando de listos. Ahora resulta que será el
ayuntamiento victorense quien habilitará algunos de su empleados para evitar
que los ciudadanos se amparen en caso de que sus vehículos sean inmovilizados
por la empresa Victoria Meters, y suceda lo mismo que en Cuautla, Morelos, en
donde un juez federal determinó improcedente que un particular imponga las llamadas “arañas” a los coches
cuando sus propietarios o conductores no cubrieron el costo de los estacionómetros.
Por lo menos eso fue lo que declaró el
síndico JAIME SALVADOR AMARO CASTILLO, y la verdad si la intención es evitar
los amparos en este sentido, pues no habría otra solución, pero, he aquí la
pregunta, ¿A cuenta de que la disposición?
¿Acaso ya hizo algún estudio del costo
beneficio? ¿Les van a incrementar el
porcentaje de los ingresos?
La verdad es que no entiendo, o quiero no
entenderlo, porque si las calles son tuyas, los empleados también, y los
estacionómetros son adquiribles, entonces porque concesionar el negocio a un
particular, ¿Porqué?
No sería mejor para la alcaldía señor
síndico, aprovechar la coyuntura, y una vez que surjan los amparos y la
autoridad falle como lo hizo en Cuautla, aprovechar y cancelar la concesión.
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