Amnistía Internacional (AI)
lamenta la decisión de un Tribunal Federal en Tuxtla Gutiérrez de rechazar la
petición de reconocimiento de inocencia de Alberto Patishtán. Lo cual significa
que Alberto permanecerá encarcelado debido a una sentencia injusta. Él y su
familia continuarán viviendo esta tragedia a consecuencia de las graves
deficiencias del sistema de justicia en México.
La
decisión del tribunal colegiado confirma que el sistema de justicia mexicano es
incapaz o no tiene la voluntad para corregir las injusticias, en particular
cuando estas personas pertenecen a comunidades indígenas u otros sectores
vulnerables de la sociedad.
La obsesión de proteger la
imagen formal del sistema de justicia por encima de la obligación de garantizar
los derechos humanos es uno de los obstáculos más serios para asegurar un
acceso igualitario a la justicia en México.
Es motivo de profunda
preocupación que el sistema de justicia tome la decisión de ignorar las graves
irregularidades del proceso contra Alberto Patishtán y mantenga la
negación del derecho a un juicio justo.
Alberto Patishtán fue detenido y
sentenciado a 60 años de prisión tras haber sido acusado de participar en una
emboscada en la que fueron asesinados siete policías en el año 2000.
Patishtán es originario del
Municipio de El Bosque en el estado de Chiapas y ha permanecido encarcelado 13
años cumpliendo una sentencia que se considera injusta.
La organización constató que durante
el proceso judicial se pudieron observar graves irregularidades, incluyendo el que
se admitieran testimonios contradictorios de parte de la acusación y se
ignorara la evidencia que demostraba que él no se encontraba en el lugar de la
emboscada.
En México, Amnistía Internacional
ha denunciado reiteradamente cómo el sistema de justicia falla en garantizar
procesos justos, especialmente cuando la persona acusada o la víctima es
indígena.
La organización hace un llamado
al gobierno mexicano a que tome todas las medidas necesarias para asegurar que
haya justicia en este caso y para reformar el sistema de justicia de tal forma
que se garanticen procesos prontos y justos a todas las personas,
independientemente de su condición económica o pertenencia a un grupo
indígena.
El resultado de esta decisión
penosa parece ser que no existe un recurso efectivo dentro de México para
lograr la rectificación de injusticias. Preguntamos: ¿Quién va a asumir la
responsabilidad de hacer justicia después de este fallo?
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