Por Mario A. Díaz
¿Para qué
tanto circo?
Como era de
esperarse, la reforma energética propuesta por el presidente de la república
ENRIQUE PEÑA NIETO ha generado una serie de opiniones encontradas.
En efecto, en boca
de sus líderes, las corrientes partidistas con mayor presencia en el país han
externado sus respectivos puntos de vista.
Mientras la
derecha se inclina por la mayor inversión privada posible, la izquierda supone
que en realidad se trata de privatizar la paraestatal y, otra mas, identifica
la modificación al artículo constitucional como una medida necesaria y
nacionalista.
Al margen de la
diversidad de criterios, el sentir generalizado es que la reforma energética ya
ha sido acordada dentro del Pacto por México que personalizan GUSTAVO MADERO,
JESUS ZAMBRANO y ENRIQUE PEÑA NIETO.
Asimismo, se da
como un hecho que el paso de la iniciativa de ley presidencial por las Cámaras
Alta y Baja del Congreso de la
Unión será de mero trámite, como consecuencia del entendimiento
de la cúpula del poder político.
El cuestionamiento
más recurrente en torno al caso gira en torno a para qué reformar el artículo 27
constitucional si es que el petróleo seguirá siendo de México y de los
mexicanos.
En ese contexto
surgido de la izquierda azteca, el centro y la derecha política nacional hacen
causa común para hablar sobre las supuestas o reales bondades que significa
abrir Petróleos Mexicanos al capital extranjero.
Por lo pronto, con
las promesas y acuerdos que ocasiona la relevante reforma, el cambio constitucional
solo tomará el tiempo necesario para guardar las formas y cubrir la apariencia
de un verdadero y democrático debate.
Sin que tampoco
resulte extraño, el gobernador EGIDIO TORRE CANTU anunció en Mazatlán Sinaloa,
sede de la reciente reunión de la Confederación
Nacional de Gobernadores (CONAGO), que Tamaulipas y su
Congreso aprobarán la reforma a la Carta
Magna.
Decisión esperada,
por supuesto, máxime si se toma en cuenta el compromiso moral luego de la derrota
en Tamaulipas del ahora Jefe del Ejecutivo Federal.
Una vez dada la luz
verde, el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, CARLOS ERNESTO SOLIS
GOMEZ, ni tardo ni perezoso saltó a la
palestra para anunciar que el parlamento cuerudo respaldará la reforma
energética del presidente PEÑA NIETO.
Sin mayor
sustento, el pastor congresal se suma a la iniciativa presidencial asegurando
que el cambio constitucional “establece una disminución en los costos de luz y
gas en los hogares, en el comercio e industria”.
En este último
contexto, dos situaciones saltan a la vista. Una, la evidente y tradicional
sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo y, la otra, la ligereza con
la que actúa quien se supone coordina todas las corrientes política en la
legislatura tamaulipeca.
Estará por verse
si, efectivamente, todos los diputados locales avalan la reforma peñista a la
hora en que los representantes populares cumplan con su deber de levantar la
mano en señal de aprobación, en contra o abstenerse.
Muy seguramente,
las críticas del imaginario colectivo no se dejarán esperar en contra del
diputado SOLIS GOMEZ, ante su temeraria afirmación en el sentido de que con la
reforma energética disminuirán los costos de electricidad y gas para hogares e
industrias.
Ningún mexicano en
su sano juicio es capaz ni tan siquiera imaginar que con la iniciativa del
presidente PEÑA NIETO sus recibos por consumo de luz y gas butano o natural
serán menos onerosos y, por supuesto, que ya no habrá “gasolinazos”.
Ahora que, si
efectivamente ni PEMEX ni la CFE
se privatizan, ¿entonces para qué la reforma energética?
Y hasta la
próxima.
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