Por José de la Paz
Bermúdez Valdés
·
LA REFORMA
EDUCATIVA
·
OBSERVADO
LA REFORMA
EDUCATIVA.
El magisterio que protestó en contra de la supuesta Reforma Educativa
tiene razón.
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Los trabajadores de la educación que se levantaron en protesta en los
estados del suroeste del país –aunque equivocaron los medios-- colocaron en la
agenda nacional un problema de grandes dimensiones, asunto, sobre el que muy
pocos han profundizado con certeza y
especificidad como quienes entienden de estas cuestiones, porque las viven a
diario.
Las movilizaciones, desafortunadamente fueron vinculadas con luchas
populares de otro contenido y envergadura, con pésimos resultados,
desacreditando la legitimidad de la demanda, que se ubicaron en la verdadera
agenda política nacional.
Mostraron con meridiana claridad que la reforma educativa presentada y
avalada por los partidos políticos, signantes del Pacto por México, a solicitud
del poder ejecutivo de la federación, es todo menos una reforma profunda en el
sector educativo.
La mal llamada reforma educativa,
no es otra cosa que un ataque
constitucional contra la fuerza de trabajo de los maestros de México.
Se trata de una reforma laboral disfrazada de problema educativo. Y eso
está muy claro.
El ataque se parapeta en la
modificación de los artículos 3 y 73 de
la Constitución política del país, donde se “precisa” que la educación debe ser
de calidad –concepto éste típicamente empresarial para valorar sus productos en
el mercado- y la evaluación deberá ser obligatoria.
Esta
disposición contempla la consecuencia establecer
efectos jurídicos en el mediano plazo sobre los trabajadores de la educación.
La acción de legitimación gubernamental echa mano de un falaz acuerdo
democrático en los principales puntos de aplicación de la reforma, y de igual
manera pretende un respaldo social presuntamente
generado por medio del diálogo entre
legisladores y miembros de la sociedad civil, donde se “construyeron” acuerdos
en torno a los puntos esenciales de la reforma. ¿Y las academias, los colegios
de profesionales de la educación, la disidencia magisterial?
Sólo participó “Mexicanos Primero”
(órgano con intereses privados), y los otros participantes que construyen la educación nacional ¿Por qué no fueron
consultados para establecer un diálogo serio acerca de las dimensiones de una
reforma educativa adecuada a los intereses de los mexicanos, que contemple los problemas locales con los que se enfrentan
diariamente todos los maestros del interior de la República, que planté la falta de infraestructura adecuada para cumplir
con el servicio educativo y de la inoperancia de los programas de estudio a la
realidad local y nacional?
Resulta obvio que esta “reforma”, como todas las realizadas como una
acción gubernamental unilateral, que no recurre al respaldo social, ni a la
aprobación del magisterio, es una decisión equivocada. El hecho de instrumentarse sin la información
respectiva es indicador de esa falta de consensos en problemas estructurales que enfrenta el
país.
En estos momentos existen pocos ciudadanos –además de aquellos ocupados
directamente en los problemas educativos- que cuenten con una información pertinente
para elaborar un juicio con respecto a las modificaciones “sustanciales” a la
Constitución. ¿O es que no importa la opinión de los ciudadanos cuando de
reformar la constitución que nos gobierna se trata?
De los cinco puntos que conforman la “reforma educativa” contenida en el
Pacto por México -“base para transformar a México”, según pregona la publicidad
gubernamental-, el asunto propiamente educativo apenas se esboza. Se dice que se
implementará un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a cargo del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyos criterios todavía se
desconocen; se habla también de establecer el Servicio Profesional Docente, pretendiendo
introducir una nueva regulación para evitar la injerencia de la cúpula del SNTE –lo cual es alentador-
pero deja intocado el problema de la evaluación que ya detonó movilizaciones
masivas de justo repudio a la figura de “evaluación universal”.
Se establece también un Sistema de Información
y Gestión Educativa, para realizar un censo en el personal que labora en el
sector educativo, problema evidente por la ocultación de información de los
gobiernos estatales, así como la propuesta de la Autonomía de la Gestión donde,
se dice, los padres de familia en unión a las autoridades escolares tendrán amplia
libertad para decidir sobre gastos e inversión, adquisición de mobiliario y
gestión de recursos, ¿Dotará la SEP de recursos económicos a las escuelas para
realizar estas acciones?. Esta propuesta podría constituir un disfraz de un
fomento a la participación ciudadana, que podría devenir en un esfuerzo de
privatización.
Salta a la vista la centralidad que tiene la
cuestión de la evaluación, problema sensible dentro del magisterio nacional,
pues los anteriores esfuerzos gubernamentales giraron en torno de la
“evaluación universal”, cuyo examen se pretendía ser elaborado por el SNTE, haciendo inviable la aplicación de criterios
propiamente educativos y suplantándolos por criterios políticos contra los
maestros que buscan la democratización sindical.
El
problema gira en torno al instrumento de evaluación, no en la evaluación en sí misma.
Un instrumento “universal” es inaplicable si se trata de evaluar al
maestro de la sierra o de cualquier comunidad rural en iguales términos que a
uno del Distrito Federal o de cualquier ciudad del país; la prueba no será
equitativa, y pondrá inmediatamente en desventaja a los maestros.
Como no será equitativa aplicarla en una escuela de organización
completa que en una unidocente o multigrado.
Se trata, en realidad, de un instrumento de exclusión.
Sobre este asunto, deben clarificarse dos puntos medulares de la reforma, que se
centran en la cuestión evaluativa, ya que ante todo, los criterios para diseñar
ese instrumento no quedan claros ¿Será otra prueba universal? ¿La prueba ENLACE
tendrá efectos jurídicos sobre el magisterio?
Al respecto, la autoridad educativa ha generado un total silencio.
Esto inquieta, el magisterio, con sobradas razones y experiencias, para
oponerse radicalmente a la reforma
educativa. ¿Qué garantiza la equidad de condiciones en un proceso que, además,
los excluye de su elaboración?
En realidad, detrás de la cuestión evaluativa y de la autonomía
administrativa, la reforma contiene un ataque a los derechos del magisterio y
sus fuentes de trabajo, y sienta un precedente de privatización.
Se pretende que el maestro, igual que cualquier otro trabajador
subcontratado, se convierta en un “capital humano” con capacidad para acumular
y administrar sus propias habilidades y competencias y ponerlas al servicio de
una empresa que da servicio privado a sus clientes.
La responsabilidad social del Estado se termina ante la cómoda
“responsabilidad individual”, carente de prestaciones, ausente de seguridad
social, sin derechos. Tamaulipas ya vive
ese fenómeno en la contratación de los “teacher” impartidores de inglés en las
escuelas primarias de la entidad. Personal carente de prestaciones sociales,
ausentes de un escalafón y minimizados en su calidad profesional.
Se pretende, ni más ni menos, la implementación del principio de la libre
empresa que acapara, llenando con funciones económicas espacios que antes se
encontraban libres del principio de competencia económico-empresarial.
Por otro lado, esta “reforma”, que, insistimos, no es educativa, deja de lado los problemas
fundamentales de los planes y programas de estudio, de la currícula y la urgencia de adaptar los modelos educativos a
las exigencias de la sociedad mexicana.
La última reforma educativa, (bajo las siglas RIEMS y RIEB) significó un
severo ataque a la enseñanza de las humanidades e incluso a las ciencias, lo que
motivó una rápida y justa intervención de la comunidad científica y filosófica del
país, ya que reproducía el modelo neoliberal de educación, basado en las competencias
y habilidades que adiestran a los estudiantes para realizar funciones para el
mercado laboral sumamente inequitativo.
Al despreciar a las ciencias y las humanidades significa simple y
sencillamente despreciar a la democracia. Por lo demás, incluso el español Plan
Bolognia –sobre el que se asienta nuestro actual modelo de competencias- fracasó
en su territorio, y se levantaron los españoles de la Puerta del Sol.
Hay indignación, pero también hay ánimos para resistir el embate gubernamental.
Los maestros que luchamos contra la reforma educativa somos la fuerza de
trabajo que se niega a ser “capital humano”, somos un reducto de dignidad en
medio de la pauperización de derechos civiles y políticos que se cierne sobre
todos nosotros.
Como pocas veces, la resistencia social a la reforma educativa toca
directamente a las preocupaciones civiles, pues la gente pensante intuye
acertadamente que éste no es un problema de gremios o de una parte de la
sociedad, sino que es un asunto de todos.
Desde 2006, las luchas del
magisterio probaron, en ese intenso laboratorio social que es el sureste, que
pueden conectarse rápidamente con otras movilizaciones y con el descontento
popular ante las medidas que afectan y destruyen sus lazos comunitarios.
En este sentido, cualquier solución de las autoridades que no se
encuentre a la altura de la claridad política del magisterio y la sociedad es
inaceptable.
·
OBSERVADO.
La
deficiente planeación educativa, ha privilegiado el otorgamiento de “estímulos”
al desempeño profesional, originado lo que hoy denuncian los principales medios
de comunicación relativo a la copia generalizada de la aplicación de ENLACE.
El
reconocimiento a los docentes debe hacerse considerando su desempeño a lo largo
del ciclo escolar y no como producto de una evaluación ajena a su práctica
profesional.
Que
grave que los diputados locales de Tamaulipas en lugar de atender las demandas
de la ciudadanía se dediquen a cuerpear a los candidatos a los distintos cargos
de elección popular. Lejos, muy lejos de sus funciones.
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