H, Matamoros, Tamaulipas:

¿”DENUNCIA CIUDADANA”?


PALACIO VIERNES 18 DE MAYO…….


MINUTOS después de las 9 de la mañana de antier miércoles, cuatro vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional con efectivos del Ejército Mexicano cerraron el tramo de la avenida González comprendido entre las calles 12 y 13 en el primer cuadro de la ciudad.
    El motivo: inspeccionar un domicilio en donde, según una denuncia ciudadana, se vendía droga a los viciosos de ese sector.
   El resultado: los militares tuvieron que retirarse de la casa-habitación y reabrir el tráfico vehicular al no encontrar ningún indicio relacionado con la venta de estupefacientes.
    Narración como la anterior, hoy en día, es muy común en los cuatro puntos cardinales de este puerto fronterizo, derivado de los esfuerzos del gobierno federal por combatir y abatir esa actividad que envenena a la juventud mexicana, según reza, palabras más palabras menos, el slogan oficial en ese contexto.
     El caso que nos ocupa corresponde a la amarga experiencia sufrida por el periodista MIGUEL PICAZO GARZA, propietario del domicilio visitado que habita desde el año 1,946.
     Grande fue al asombro del comunicador de 75 años de edad cuando al abrir la puerta de su casa atendiendo al llamado, se topó con un militar de rango quien le solicitó, eso sí, amablemente, de acuerdo a su propio dicho, inspeccionar el inmueble en base a una denuncia ciudadana.
    Repuesto del la impresión de ver su hogar rodeado, la circulación vial suspendida y una treintena de soldados en alerta máxima, el periodista permitió-no había de otra-el paso a los elementos del Ejército Mexicano con una natural recomendación: “por favor no me causen destrozos en mi patrimonio y revisen lo que ustedes consideren conveniente”.
     Disciplina militar de por medio pero a su vez anteponiendo el criterio, el oficial al mando recorrió y observó atentamente la residencia del periodista y, finalmente, dio la orden de retiro al no encontrar ningún indicio que presumiera que ese domicilio fuera un punto de venta de drogas similar a los cientos que, efectivamente, operan impunemente en la ciudad.
     El incidente anterior obliga a la reflexión del mismo y, sobre todo, analizar lo que cualquier ciudadano está expuesto a vivir como consecuencia negativa de lo que se conoce como “cultura de la denuncia”.
     Si bien es cierto que la participación de la sociedad para denunciar ilícitos forma parte esencial en cualquier programa de seguridad pública en el mundo, también es cierto que, lejos de lograr el objetivo deseado, se convierte en un elemento susceptible de abuso. En base a ese programa, positivo en teoría pero negativo en la práctica, cualquier persona de buen vivir está expuesto a ese tipo incursiones si tiene la mala fortuna de llevar una mala relación con su vecino, por ejemplo.
    Otra reflexión obligada es la referente a la pésima por no decir nula coordinación entre las llamadas “fuerzas federales de apoyo”.
   Ni el Ejército Mexicano ni la Marina Armada de México ni la Policía Federal mantienen una comunicación adecuada que les permita combatir con mayor éxito a los criminales.
    Por el contrario, tal parece que existe una desconfianza plena entre sus mandos superiores por lo que, coloquialmente hablando, cada quien jala por su lado.
     Resulta incomprensible que se sospeche de un domicilio equis como distribuidor de droga, cuando en otros lugares la comercialización de fármacos o la venta ilegal de gasolina son actividades ilícitas que se practican a los ojos de muchos ciudadanos.
      No queda del todo claro, o quizá sí, el porqué la Procuraduría General de la República, que es la instancia constitucional indicada para combatir el tráfico de drogas, no lleva a cabo alguna indagatoria o acción al respecto.
    Hasta antes de la alternancia política en el país el Ejército Mexicano sólo actuaba como apoyo de la entonces Policía Judicial Federal. A partir del foxiato y término del priato, los soldados fueron sacados de sus cuarteles y habilitados como policías investigadores con una preparación muy distinta, dada su principal encomienda, que es la de salvaguardar y ser garante de la tranquilidad de la nación.
     Si al menos las fuerzas federales integraran grupos de inteligencia cuyo objetivo fuera el de vigilar discretamente el domicilio señalado por una “denuncia ciudadana”, los atropellos-como el caso que nos ocupa-a gentes inocentes, fueran menores.
    Con esas acciones, sin proponérselo, el Ejército, la Marina y la Policía Federal podrían estar haciendo el juego a grupos criminales dando crédito a “denuncias ciudadanas” probablemente manipuladas por éstos con fines distractores.
    Ni hablar.
    Y hasta la próxima.


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Editores periodico frontera

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