LA OTRA CARA DE LA VERDAD
POR :JAIME
SOSA

Por ello, los aspirantes deben realizar una profunda
cuan crítica evaluación del México real. Las razones para ello se encuentran
tanto en la necesidad de solucionar el terrible rezago productivo y de
bienestar social, como en atender las enormes urgencias de la sociedad mexicana.
Lo anterior, con el objetivo central de alcanzar niveles de desarrollo
superiores, garantizar la estabilidad económica y social, así como promover la
gestación de una nueva etapa de crecimiento sostenido para el país, de acuerdo
con un estudio conjunto realizado por la Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y del Acero (Canacero) y el Centro de Investigación en Economía y
Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México.
Bajo esa perspectiva, es prioritario establecer un punto inicial
de diagnóstico, comenzando la revisión desde una perspectiva que permita
observar los resultados que le son más cercanos al ciudadano mexicano, es
decir, indicar cómo las diversas variables macroeconómicas acaban incidiendo en
su vida diaria. La evolución del PIB per cápita real pone en claro el
estancamiento que enfrenta la generación de riqueza mexicana, algo que durante
los últimos años no se ha revertido. De inicio esto pone un límite a la
capacidad de mejorar la distribución del ingreso: si la economía no crece es
complicado mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
Generalmente, apuntan la Canacero y el CIEN, el control de la
inflación, las bajas tasas de interés, el incremento de las reservas
internacionales y la menor depreciación del peso frente al dólar son logros
atribuidos al gobierno federal, resultado que además supuestamente beneficia a
empresas y población. No obstante la postura oficial, deben realizarse tres
precisiones. La primera va en el sentido de que si bien es importante mantener
una estabilidad en la evolución de todas estas variables, no puede dejarse de
mencionar que gran parte de su comportamiento obedece a factores
internacionales y al manejo de la política monetaria del Banco de México.
Iniciando la reflexión por el último punto, el mandato constitucional otorga la
responsabilidad de mantener precios bajos al banco central, institución que
además es independiente del gobierno federal y de la conducción de la política
fiscal que desde este último emana.
Durante los últimos años el incremento de los precios a las
gasolinas y a la electricidad ha reflejado que la política fiscal implementada
por el gobierno difiere del objetivo de control de la inflación. En lo que
respecta a la parte internacional, el hecho de que la Reserva Federal de
Estados Unidos y el Banco Central Europeo deban mantener tasas de interés
bajas, para con ello intentar impulsar sus respectivas economías ha implicado
que casi en todas las naciones del orbe se tengan menores costos de dinero. A
este respecto se puede hacer una puntualización adicional, las tasas de interés
de los Cetes u otros instrumentos de financiamiento oficial no necesariamente
han llegado a los cobros que pagan los consumidores por utilizar tarjetas de
crédito, los cuales en algunos casos llegan superar el 100 por ciento.
La segunda precisión es que el control de dichas variables no
necesariamente benefician a los ciudadanos. En el aspecto social, la
consecución de la estabilidad macroeconómica se ha dado al mismo tiempo que
existe una alta precariedad laboral: 30 millones de trabajadores sin acceso a
la seguridad social, 14 millones sin contrato por escrito, 12 millones que no
cuentan con prestaciones distintas a las de salud, 13 millones que trabajan en
la economía informal y 6 millones que cuando mucho ganan un salario mínimo,
representan el ejemplo adecuado de esto. El aumento de la población que vive en
situación de pobreza por ingresos es clara: entre 2006 y 2010 existió un
incremento de 12 millones de mexicanos en dicha situación. Lo anterior se ha
exacerbado. De igual manera, el indicador de tendencia de la pobreza laboral
señala que el grado de marginación en la que viven los mexicanos es la más
elevada desde que comenzó el cálculo del indicador en 2005.
La pobreza alimentaria afecta a 28 millones de mexicanos (uno de
cada cuatro), es decir, sufren severas restricciones para alimentarse. Ello se
registra al mismo tiempo que se presenta un incremento en el precio de los
alimentos, situación que exacerba el desequilibrio. Evidentemente ello señala
los límites del control inflacionario: cuando éste no llega a los bienes más
básicos, la población en situación de pobreza sigue viviendo en condiciones de
marginalidad.
El tercer elemento a mencionar es que las empresas no cuentan con
un entorno económico que les favorezca: el incremento de la inseguridad, la
elevación y creación de impuestos, el retroceso en competitividad y los
aumentos a los precios de combustibles y electricidad, actúan en contra de la
sustentabilidad de las empresas. En general, puede apreciarse que en los
últimos cinco años el incremento promedio de la actividad industrial no supera
el uno por ciento, cifra que establece la incapacidad que el país ha tenido
para sobreponerse a una crisis que se generó en el exterior, pero que se ha
reproducido en un sistema productivo afectado por problemas estructurales que
inhiben la posibilidad de aumentar su crecimiento de manera vigorosa. El
debilitamiento de la producción industrial se ve reflejado en la pérdida de
mercado de las exportaciones mexicanas de manufacturas en Estados Unidos y
Canadá, principalmente por el embate de los productos chinos. Otro elemento que
permite visualizar el retroceso productivo es que, a pesar de la reducción de
costos laborales en manufacturas que México ha experimentado a nivel
internacional, ello no le ha permitido elevar su posición en competitividad
global, ni su participación de mercado en las principales economías de América
del Norte.
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