El Instituto Federal Electoral, mejor conocido como IFE, es un órgano ciudadano, autónomo, con personalidad jurídica propia y es la instancia que tenemos los ciudadanos para ser representados, mediante los partidos políticos, en los asuntos electorales de México.
Su estado actual, es decir, su relativa autonomía, no ha sido fácil y más bien es producto de una larga lucha que incluso, provocó el derramamiento de sangre de miles de personas que se opusieron en tiempo y forma, a someterse al Estado autoritario que prevaleció durante varias décadas. Tal es el caso del movimiento del 68, donde miles de jóvenes murieron por oponerse a la política dura de Gustavo Díaz Ordaz.
Desde el inicio de la Revolución Mexicana, la lucha por la validez del voto generó un movimiento social de dimensiones nacionales, violentas y cambiantes. El sufragio efectivo, que al principio de la gresca fue sólo un lema, a la larga se convirtió en un objetivo contumaz que se pudo lograr a cabalidad hasta la aparición del IFE, o sea, muchas décadas después de iniciada la insurrección.
Llegar al IFE actual, se remonta a la necesidad de “ciudadanizar” el proceso eleccionario para transparentar el valor y uso del voto y así evitar futuros desencuentros entre los grupos políticos que participan en la cosa pública. A nadie escapa como en épocas anteriores, el Secretario de Gobernación se constituía en la máxima autoridad de lo que era el Consejo Nacional Electoral, y así mismo, los gobernadores y presidentes municipales asumían la misma posición en sus respectivos territorios. Luego entonces, la práctica de la trampa electoral como mecanismo para preservarse en el poder por el partido dominante había caído en desuso y la presión social obligaba al cambio de modelo.
El acceso de los diputados de partido a la cámara de diputados en el ámbito federal durante la presidencia de la república de Adolfo López Mateos, se constituyó en el primer paso que reflejó la disposición del régimen de la post revolución a aceptar que las voces disidentes usaran la máxima tribuna del país. Sin duda, se gestaba la nueva forma de un proceso cambiante y permanente del sistema electoral mexicano.
Es hasta el año de 1989, después de una cuestionable elección donde por una “caída del sistema” de recuento de votos, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, se mantiene en el gobierno, cuando obligado por la circunstancia social, el régimen convoca a la gestación del IFE. Ya en ese momento, la eliminación del Secretario del Gobernación como máximo árbitro de las elecciones pasaba a mejor vida. Entonces, se inaugura la tan vanagloriada administración del proceso electoral por los ciudadanos y no por el gobierno.
Y al parecer, todo marchaba bien, solo que la elección de los representantes ciudadanos que conforman el mayúsculo órgano electoral nacional, compete por disposición constitucional a la cámara de diputados del congreso de la unión, misma que está dividida por las bancadas que representan a los diversos partidos políticos legalmente constituidos, lo que induce a que el ciudadano formal, el de a pie, esté alejado de la elección de los consejeros nacionales del IFE. En esta instancia, los intereses de las cúpulas directivas de los partidos se sobreponen a los de los ciudadanos. Esto explica el por qué es casi imposible que se tenga completo este instituto y que los diputados federales violen la ley sistemáticamente sin que el poder judicial intervenga y todo, gracias a que la división de poderes así lo preceptúa.
Las recientes declaraciones de su Consejero Presidente, Leonardo Valdés Zurita, respecto a los mecanismos para que los partidos políticos puedan inscribir precandidatos a sus procesos internos y que el IFE está en condiciones de negar el respectivo registro, proyecta una actitud autoritaria, verticalista y cerrada. En tal caso, la aplicación de la norma sustentada en el reglamento creado exprofeso, en caso de contar con ambigüedades para su aplicación, debe ser resuelta por el Consejo Nacional y no por el Consejero Presidente.
Valdés Zurita no debe olvidar que la creación del IFE, parte de la necesidad de romper con el autoritarismo arcaico de antaño y para buscar y luego encontrarse con la ciudadanización de las decisiones electorales.
Es difícil ver y escuchar al Consejero Presidente ser duro en sus declaraciones y que no proponga ninguna alternativa para destensar el tema. Quizás el uso de la costumbre del sistema férreo donde nació le provoca una obcecación delirante que le inhibe entender que el IFE es de todos los mexicanos y no sólo de unos cuantos ciudadanos que están exageradamente bien pagados por todos los que habitamos este país.
El señor Valdés ya debe saber que en el ámbito de la política, ya lo expresó el ilustre político y maestro veracruzano, Jesús Reyes Heroles, “la forma es fondo y la apariencia, realidad” y que no debe actuar como si fuera rey, sino asumir la postura de un ciudadano que tiene la función de lograr buenos acuerdos en su seno para que lo comicios sean legales y que se den en paz. No verlo así, es provocar la aparición del fantasma del exacerbado autoritarismo de los años en que él se creó.
Vaya pues excelentísimo señor Valdés, eso ya no se vale.
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