Lic.
Luis Gerardo González Álvarez
LA
VISITA DE EPN A BARACK OBAMA
Hola que tal amables lectores el presidente EPN arribo la noche de este pasado lunes a la Base Aérea Andrews para desarrollar a tempranas horas del martes 6 de enero día de los reyes magos, actividades enmarcadas dentro de su visita oficial que realizará a territorio estadounidense, que por cierto es su tercera estancia desde el inicio de su administración.
Entre los
principales objetivos de la visita destacan: dar mayor contenido a la
asociación estratégica entre México y EU, revisar el estado que guarda la
cooperación bilateral en materia de seguridad y reconocer el liderazgo del
presidente Obama ante el anuncio de medidas migratorias que beneficiarán a
aproximadamente cuatro millones de mexicanos en EU.
LAS PROTESTAS
Ante la vista
que realizó el presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos para
entrevistarse con Barack Obama, algunos grupos de mexicanos en ese país organizaron
protestas por ejemplo.
En Chicago convocaron a través de las
redes sociales, a una marcha en la que tenían previsto “encarar a Peña Nieto y
Obama y dejarles muy claro que no queremos más acuerdos entre Estados Unidos y
México que conlleven a la opresión de nuestro pueblo”.
En Nueva York
también la gente llevó protestas contra la visita con mantas con imágenes de
los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
Por otro lado trascendió que esta
visita quedaría marcada con una reclamación que estaría haciendo el director
ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) José
Miguel Vivanco.
Donde esta
recriminando al Presidente Barack Obama mediante una misiva, su profunda
preocupación de esta organización con respecto a la crisis de los derechos
humanos por la que según ellos atraviesa México en la actualidad.
Comparto con
ustedes extractos importantes para reflexionar en la misiva donde se describen
los planteamientos a que hace mención el director ejecutivo de HRW, sobre la
crisis a la que hace alusión en materia de derechos humanos.
LA CARTA AL PRESIDENTE
BARACK OBAMA
Esta crisis recibió una gran atención
internacional en los últimos meses, debido a dos atrocidades — las más graves
que hemos visto en México en muchos años— que involucran a miembros de las
fuerzas de seguridad pública. Una concierne el asesinato de 22 personas por
parte de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado.
La otra trata sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes luego de haber
sido secuestrados por policías municipales en Iguala, estado de Guerrero, en el
mes de septiembre. Si bien la
Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado detener a sospechosos en
ambos casos, el gobierno en un primer momento demoró las investigaciones, y
agentes del Ministerio Público estatal intentaron encubrir la participación
delictiva de militares en el caso de Tlatlaya, torturando a testigos para
obligarlas a que prestaran testimonios falsos.
Lamentablemente,
estos casos no son en absoluto incidentes aislados. Por el contrario, reflejan
un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia de
que el gobierno de Peña Nieto no ha tomado con seriedad la gravedad de la
situación actual.
Desde que el entonces presidente
Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2007,
miembros de las fuerzas armadas y de la policía han cometido graves abusos,
incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Human Rights
Watch ha documentado estos abusos cometidos por fuerzas de seguridad a lo largo
del país, incluidos 149 casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos
humanos de Naciones Unidas han concluido que la tortura es una práctica
“generalizada” en el país y que ha habido “numerosas” ejecuciones extrajudiciales
cometidas por fuerzas de seguridad.
Cuando Peña
Nieto asumió la presidencia hace dos años, reconoció los problemas de derechos
humanos que había heredado y se comprometió a adoptar medidas para remediarlos.
Sin embargo, en la práctica su gobierno no ha concretado sus propias
iniciativas. Por ejemplo, en 2013 creó una unidad especial de la PGR para
ocuparse de casos de personas desaparecidas por miembros de las fuerzas de
seguridad. Luego de casi dos años, dicha unidad no ha logrado condenas penales
en ningún caso de los últimos ocho años.
Estados Unidos podría desempeñar un
papel importante de apoyo a México para abordar esta crisis. No obstante, su
gobierno ha enviado precisamente el mensaje equivocado, al no exigir el
cumplimiento de requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa
Mérida, proyecto conjunto entre Estados Unidos y México.
Destinado a
combatir la delincuencia organizada, desde el año 2007 Estados Unidos ha
autorizado fondos para México por más de US$ 2.000 millones en el marco de la
Iniciativa Mérida, de los cuales una proporción sustancial se ha destinado a
capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas.
A pesar de las evidencias inequívocas
—incluidos casos documentados en los informes del propio Departamento de
Estado— de que México ha incumplido estos requisitos, su gobierno ha permitido
reiteradamente que se entreguen los fondos al gobierno mexicano. En su informe más
reciente, de septiembre de 2014, el Departamento de Estado justificó la
liberación de dichos fondos argumentando que México ha mostrado “avances” en el
cumplimiento de los requisitos, lo cual no es el estándar establecido por la
legislación ni refleja la realidad en México.
Concretamente, en su próximo encuentro
con el Presidente Peña Nieto, S.E. debería solicitarle que explique exactamente
qué medidas está adoptando para asegurar que México persiga penalmente a los
responsables de graves abusos. Además, debería dejarle en claro que si México no logra
mostrar resultados significativos en el juzgamiento de delitos que constituyen
violaciones de derechos humanos, su gobierno ya no podrá certificar que se han
cumplido los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida.
LA CONTRAPOSICIÓN
Por su parte Sergio Alcocer
subsecretario de Relaciones Exteriores explico que México no llega a la reunión a la Casa Blanca señalado como
violador de los derechos humanos por los casos de Ayotzinapa o Tlatlaya.
“No se puede aceptar que México este
señalado como violador a los derechos humanos. Hay investigaciones abiertas,
hay un proceso y hasta que haya una conclusión se podrá saber el nivel de
participación que tuvieron autoridades locales”, dijo.
Hoy esta
reunión entre Enrique Peña Nieto y Barack Obama, más bien podría interpretarse
como un reporte que tiene que hacer EPN, a los Estados Unidos de la situación
económica, social y política que le depara a nuestro país en el 2015.
Hasta la próxima mi
correo es archivomunicipal@gmail.com
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