El anuncio del Procurador General
de la República Jesús Murillo Karam, de que los 43 estudiantes pudieron haber
sido asesinados, quemados y arrojados a un río se da después de semanas de
especulaciones sobre el destino de los estudiantes. Sin embargo, las líneas de
investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido
limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se
rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que
subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.
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Jesús Murillo Karam |
"Trágicamente, la
desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de
horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La
corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que
todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son
ellos mismos cómplices de esta tragedia ", dijo Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el recuento más reciente de
las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General Murillo Karam ha
fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho
aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en
la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el
hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y
local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de
Ayotzinapa en 2011.
El alcalde de Iguala, quien es el
principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, ha sido
también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el
sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas
murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los
asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le
entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la
policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna
investigación sobre las reclamaciones.
A pesar de la evidencia que
involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de
2014.
En diciembre de 2011 las
autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales
federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de
Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.
"Cualquier investigación
iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se
hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el
alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras
violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos
y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", dijo Erika Guevara.
Las familias de los estudiantes
también han anunciado que no confían en las autoridades y la información
presentada por el Procurador General hasta que no esté respaldada por evidencia
científica de los expertos forenses argentinos y el reconocimiento de la
responsabilidad del Estado. Así mismo, recordaron al Presidente Peña Nieto su
compromiso con los padres y con la sociedad.
Amnistía Internacional lamenta
que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus
acciones demuestran lo contrario. El gobierno mexicano no ha aceptado la
asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta profunda crisis de derechos
humanos, el Presidente iniciará una gira internacional al Foro de Cooperación
Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de
derechos humanos en México.
"Es obligación de las
autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel
estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos
humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación
de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos",
concluyó Guevara Rosas.
Información Adicional
En la búsqueda de los estudiantes
desaparecidos, 19 fosas comunes se encontraron en y alrededor de Iguala.
74 personas han sido detenidas
hasta el momento en un caso que comenzó cuando la policía local atacó a los
estudiantes el 26 de septiembre, resultando en el asesinato de 6 personas y la
desaparición de 43 estudiantes.
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