Con
Prospera, riesgo de retrocesos
para las mujeres
Por:
Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias | México, DF.- 17/09/2014
El nuevo programa social que sustituye a
Oportunidades podría imponer métodos anticonceptivos a las indígenas, lo que
violentaría sus derechos reproductivos.
Durante su Segundo
Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto anunció la transformación del
programa social Oportunidades al programa Prospera, que tiene como objetivo
“disminuir la pobreza en el país”.
El nuevo programa pretende vincular la política social con la actividad
productiva, ya que las personas beneficiarias podrán recibir becas para
estudios superiores, y quienes busquen trabajo tendrán prioridad en el Servicio
Nacional del Empleo, según declaró el Ejecutivo.
El pasado 5 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
decreto que crea la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión
Social. Sin embargo, las reglas de operación y el presupuesto para su
cumplimiento aún están pendientes.
Daniel Aceves Villagrán, director del Programa Oportunidades del Seguro Popular,
anunció que Prospera arrancará
con una fuerte campaña de planificación familiar, principalmente dirigida a
comunidades indígenas y rurales, ya que se considera “preocupante” el
incremento en el índice de embarazos en niñas y adolescentes.
Ante el anuncio, expertas en derechos sexuales y reproductivos advierten que el
nuevo programa carece
de perspectiva de género y señalan que existe el riesgo de que implique un
retroceso en el reconocimiento de garantías para las mujeres.
Raffaela Schiavon
Ermani, directora de Ipas-México, observa una absoluta ausencia de una
visión de género en la propuesta del programa, además de que invisibiliza a los
hombres como corresponsables de los embarazos, y no reconoce las razones por
las que las jóvenes se convierten en madres a edades tempranas.
Recuerda que el embarazo en la juventud y adolescencia –como también lo ha
señalado el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)– es resultado de
la falta de poder de decisión y de circunstancias que están fuera del control
de las niñas o las adolescentes, o consecuencia de la violencia sexual.
Aunque Schiavon Ermani celebra que se reconozca el problema, acota que el ofrecimiento de métodos
anticonceptivos no es la vía para disminuir los embarazos tempranos, tal y
como se pretende hacer con Prospera.
Si bien los embarazos prematuros –agrega– contribuyen a perpetuar la pobreza
entre las jóvenes rurales e indígenas, este flagelo “no se resuelve solamente
limitando la fecundidad”, ya que también se relaciona con la falta de educación
de calidad y de oportunidades de empleo y desarrollo.
La doctora y activista asegura que desde la sociedad civil se da la bienvenida
a los programas que acerquen los métodos anticonceptivos a la juventud, siempre
y cuando se garantice que habrá una amplia gama de ellos y se incluya la
anticoncepción de emergencia, especialmente en el caso de violencia
sexual y cuando exista un riesgo para la vida y salud de las jóvenes.
FALTA VISIÓN DE DERECHOS
Libertad Enríquez Abad, coordinadora del programa de Jóvenes, Salud Sexual y
Derechos de la organización Salud Integral para la Mujer (Sipam), señala que
sería preocupante que el programa se centre en el control de la natalidad (planificación
familiar) y no en una visión más amplia de derechos.
Explicó que el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos –lucha que por años han dado activistas– tienen que ver con una
visión integral, por ejemplo, con reconocer el disfrute y goce de relaciones
sexuales placenteras, y no sólo ver la posibilidad de tener o no hijas o hijos
o un embarazo, que es a lo que apunta la planificación familiar.
Oriana López Uribe, subdirectora de la organización civil Balance, sostiene que
cuando se piensa en trabajar en el desarrollo del país y en la disminución del
índice de pobreza son necesarias propuestas estructurales más complejas, lo mismo
ocurre en el caso de la atención y prevención del embarazo en adolescentes.
Si bien el acceso a métodos anticonceptivos es un componente importante “no es
suficiente”, toda vez que –explica– también se debe garantizar que la
normatividad asegure que las y los prestadores de los servicios de salud
garanticen esos derechos, estén capacitados y no impongan barreras culturales e
ideológicas.
Para la activista llama la atención que en la primera etapa de Prospera se
plantee el uso de anticonceptivos permanentes (ligadura de trompas e
histerectomía) en las jóvenes, porque al parecer esto será un indicador de
cumplimiento del programa, lo que abre la puerta a que se condicionen los
beneficios del programa al uso de determinados métodos.
Prospera –si realmente quiere avanzar hacia la disminución de la pobreza y de
los embarazos tempranos– tiene que plantear cambios estructurales y no
asistencialistas, pues a decir de la especialista el embarazo en las
adolescentes es una situación compleja que se tiene que analizar con
detenimiento.
Por otra parte, las expertas coinciden en la preocupación de que los materiales
e intervenciones sean diseñados desde la interculturalidad, pues “el sólo hecho
de escribir historietas en lenguas indígenas no garantizara que la información
llegue a estas mujeres, pues se debe considerar que muchas lenguas no tienen un
lenguaje escrito, así como los altos índices de analfabetismo de estas
comunidades”.
Además piden que las mujeres de estas poblaciones sean incluidas en el diseño,
implementación y seguimiento del programa, y que desde el programa se propongan
alternativas para las jóvenes y adolescentes que ya son madres y quienes tienen
necesidades específicas.
En declaraciones recientes a Cimacnoticias, Patricia Chemor Ruíz, secretaria
general del Consejo Nacional de Población (Conapo), aseguró que de ninguna
manera la visión del Estado mexicano y del programa Prospera sea
responsabilizar a las adolescentes por la no prevención de un embarazo.
De acuerdo con la funcionaria, Conapo participa en la elaboración de un
diagnóstico para identificar las necesidades de estas poblaciones y cuyos
resultados serán incluidos en el diseño de las reglas de operación de Prospera,
próximas a publicarse.
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