SIN que resulte extraño, la aprobación del
pleno del Senado de la
República de no condicionar la prestación de los servicios
educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones,
dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación ha polarizado la opinión
pública.
Por un lado hay quienes aplauden la
decisión de los legisladores en la Cámara Alta , y, por el otro, quienes piensan que
ese aval legislativo traerá como consecuencia problemas internos en los
planteles educativos.
Actualmente, padres de familias y
directores de escuelas han establecido cuotas o aportaciones para sufragar
gastos que los tres niveles de gobierno no asumen como propios.
Mantenimiento a las aulas escolares,
instalación de climas artificiales, reposición de ventanas y puertas,
reparación o adquisición de mayor número de mesa-bancos, papel higiénico y
detergentes para la limpieza de los sanitarios, entre otros ejemplos, son necesidades
que forzosamente tienen que cubrirse en las instituciones escolares.
Ante la falta de apoyo económico por las
autoridades gubernamentales, las sociedades de padres de familia y las
direcciones de las escuelas optan por la generación de recursos a través de las
cuotas escolares.
Como es lógico suponer, tales necesidades
continuarán sin que el pleno del Senado haya contemplado en tribuna la manera
como habrán de resolverse. A los 112 senadores que aprobaron la iniciativa se
les “olvidó” proponer una solución adecuada.
Cierto es que sobran casos documentados
sobre el condicionamiento de las aportaciones de los padres de familia a fin de
que los planteles educativos acepten el ingreso, permanencia, exámenes o
entrega de documentación a los alumnos. Obviamente, ese tipo de prácticas va en
contra de la garantía constitucional que establece la educación gratuita.
Sin embargo, debido a la falta de partidas
oficiales para sufragar los gastos operativos no docentes, se hace necesario el
esfuerzo de los padres de familia ante la necesidad de proveer a sus hijos
mejores condiciones en las aulas de aprendizaje.
Tocará a los diputados federales analizar y
aprobar en su caso el documento aprobado por unanimidad en la colegisladora.
Justo ahí es donde los representantes en San Lázaro deberán encontrar la
fórmula necesaria que armonice la división de opiniones. Es decir, que se
busque el mecanismo necesario, bien sea para que el Estado asuma todos los
gastos inherentes al funcionamiento de escuelas públicas desde preescolar a
bachillerato, o la estrategia idónea para que las cuotas escolares no determine
la prestación de esa garantía consagrada en la Carta Magna.
Al respecto, por supuesto que tiene razón
el profesor MARCO CANTU PUGA, Director de Educación en esta ciudad fronteriza.
El mentor asegura que eliminar las cuotas o aportaciones de los padres de
familia es bueno en teoría, pero malo en la práctica.
CANTU PUGA se pregunta qué tanto
beneficiará a la educación pública el documento aprobado en el Senado, tomando
en cuenta que la Secretaría
de Educación Pública no se hace cargo de gastos de mantenimiento de los
edificios educativos.
Si el gobierno federal realmente quiere
hacer cumplir el mandato constitucional que establece la educación gratuita
desde preescolar a bachillerato, lógicamente debería absorber la totalidad de
los gastos, eliminando las sociedades cooperativas y las cuestionadas cuotas
que condicionan la inscripción, permanencia, exámenes y entrega de
documentación a los alumnos.
De no ser así, tal parece que los senadores
tomaron el acuerdo en base a la rentabilidad política y no en la solución de un
problema.
Lo malo del caso es que a ninguno se le
ocurrió presentar en tribuna alguna alternativa que sugiera el necesario apoyo
presupuestal de la
Federación.
Por lo pronto, el cambio a la
Ley Generalla Cámara Alta
Y hasta la próxima.
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