Por José de la Paz
Bermúdez Valdés
· La Nueva Ley de Educación supuestos y
realidades.
· ¿Por qué México vive con altos índices de
corrupción?
· Observado
La
Nueva Ley de Educación supuestos y realidades.
El
Proyecto de Ley de Educación que habrá de ser el marco operativo de la Reforma
a los Artículos 3º y 73 Constitucionales, contempla que “Los maestros que, tras la evaluación,
obtengan el grado de “insuficiente”, serán separados del servicio público, sin
que implique una responsabilidad a la autoridad”.
Evidentemente
se parte del principio de contar con la posibilidad de despedir a quienes según
la evaluación realizada por la autoridad educativa no acredite los
conocimientos, habilidades y competencias exigidas para el desempeño docente.
En otras palabras para quienes resulten incómodos a los intereses no de la
educación, sino de las autoridades educativas en turno.
Eso,
suena a apostarle a la descalificación del magisterio nacional. Someterlo a
exámenes descontextualizados, como actualmente ocurre con los formulados para
acreditar la Carrera Magisterial. Es decir para evaluar a un profesor de grupo
se le preguntan cuestiones relativas a la dirección y supervisión escolar.
A
los directivos escolares se les inquiere de cuestiones de didáctica de la
enseñanza de las asignaturas, de los contenidos programáticos de cada grado,
cuestiones estas que salen del ámbito de su competencia, razón por la que
desacreditan a los docentes, asegurando que un alto porcentaje no se
promociona.
A
contrario sensu, en la actual diatriba de la Reforma Educativa, que según los
más vehementes partidarios será la panacea que resolverá el problema educativo
de nuestro país, no se señala que quien acredite dicha evaluación recibirá un
estímulo a su salario, es decir mejorará su actual condición. De esto no se
habla, ni siquiera en tono bajo.
Como
se observa, se apuesta por la descalificación del y la sanción al magisterio,
pero no se promueve el reconocimiento y
la estimulación a quienes diariamente se esfuerzan por ser mejores.
A
lo largo de las declaraciones formuladas por el Secretario de Educación Pública
Emilio Chuayfett Chemor jamás se ha tocado el tema del mejoramiento salarial al
magisterio. Al parecer consideran que es una magnífica oportunidad vivir con el
sueldo de un docente. Por ello están dispuestos a sancionar a quienes reciben
el exuberante salario que se paga al magisterio nacional.
Plantean
que se pretende la oferta de una educación de calidad. Sí, pero ¿estarán
dispuestos a otorgar los insumos necesarios para la realización del proceso
enseñanza-aprendizaje?
Ahora
bien, pregonan que para ascender a los cargos de director de escuela,
supervisor escolar deberán los profesores acreditar los exámenes
correspondientes que permitan determinar su capacidad para el desempeño de
dichas funciones.
Nuevamente
se elude lo importante, lo trascendental.
Por principio de cuentas, ¿Se contará con edificios escolares acordes a
las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje? O ¿se seguirá laborando en
casas de madera, en enramadas bajo un árbol, en casas de Infonavit o bajo
cualquier carpa como en la actualidad? ¿Habrá edificios escolares?
Porque
a este aspecto tampoco hace referencia el proyecto de Ley de Educación
reglamentaria del Artículo 3º Constitucional.
La
evaluación a que se sujetarán los directores de escuela será dividida entre los
que tienen edificio escolar construido ex profeso para tal función, entre los
que tienen edificio adaptado para la práctica educativa, entre los que tienen
casa de madera, de cartón, enramadas u otros materiales que les permiten
cubrirse de las inclemencias del sol y
entre los que trabajan en casa de Infonavit, entre los que laboran bajo un
puente o en otras condiciones deplorables. O ¿será genérica? Después de todo
siguen pensando que independientemente de las condiciones materiales en que se
labore, todos son directores de escuela.
Evidentemente
no se puede evaluar a todos por igual porque sus condiciones de operación no
son iguales, como desiguales son las situaciones de quienes están al frente de
una escuela de organización completa, de una de organización incompleta, de una
multigrado o de una unitaria. Ellos también realizan las mismas funciones
directivas que quienes cuentan con todo el personal para la atención de cada
área de los programas vigentes. ¿Lo entenderá la SEP y el equipo de
evaluadores?
Por
lo que hace a los supervisores escolares, serán evaluados en igualdad de
condiciones los que cuentan con oficinas propias para el desempeño de su
función, que los que están arrimados en una escuela de su jurisdicción,
ocupando un aula del plantel educativo que los cobija, o de los que rentan una
oficina para realizar la función porque la Secretaría de Educación ni eso ha
sido capaz de otorgarles.
¿Estará
la SEP en condiciones de asumir su responsabilidad en esta materia?
Evidentemente
la evaluación comprenderá aspectos inherentes a las nuevas tecnologías
educativas, por lo que es de suponerse se dotará de los equipos de cómputos
apropiados para el desarrollo de las actividades correspondientes, se les
entregarán las computadoras, las impresoras, las conectarán a la banda ancha de
internet (en donde exista energía eléctrica), evidentemente les conectarán el
servicio telefónico (y la SEP pagará los recibos correspondientes), las dotarán
de los artículos de oficina que requieran y lo más importante, las dotarán de
los vehículos motrices a efecto de que realicen sus funciones de supervisión,
con el suficiente combustible para que ejecuten las acciones de orientación al
personal a su cargo, evalúen los avances programáticos, realicen cursos de
orientación, actualización, superación y preparación con el personal directivo
y docente a su cargo.
Se
evitará lo que sucede en la actualidad, que los docentes tienen que asistir a
ciber-café para elaborar y enviar la documentación que se les exige, con costo
a cargo de los profesores por supuesto, ya que la SEP, sólo exige, pero no
otorga los instrumentos para la realización de dichas exigencias.
Sí,
ante estos supuestos sin lugar a dudas las exigencias de una evaluación al
personal directivo es más que una exigencia, constituye la elevación de la
calidad educativa en su máxima expresión.
Porque
de seguir como hasta ahora, que los directivos escolares carecen de lo más
indispensable para la realización de su función, la Reforma Educativa será un
alarido en el desierto. Ya pueden seguir cacareando la prohibición --en
teoría-- de las cuotas "voluntarias" a los padres de familia
Sin lugar a dudas el Proyecto respectivo
contemplará la evaluación previa que habrá de realizarse a quienes ocupen
cargos de dirección en las oficinas centrales. Contendrá la exigencia de que
los gobernadores evalúen a quien ocuparán los cargos de Secretarios de
Educación, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Direcciones Generales, Jefes de
departamento y todo el personal que ejecute acciones dentro de la estructura
educativa.
De
lo contrario, si sólo se trata de evaluar al magisterio dejando en los cargos
de dirección educativa de las oficinas centrales, se caerá en el viejo vicio de
sólo actuar en contra de los de abajo. Y eso ni es justo ni es correcto.
·
¿Por
qué México vive con altos índices de corrupción?
Y
la respuesta es contundente: porque existe desvergüenza de los gobernantes.
Así
de sencilla es la respuesta. Veamos.
El
gobierno pregona la aplicación irrestricta de la Ley, pero resulta que el
primero que la viola es el gobierno. El presidente de la república simula la
presentación de su condición patrimonial. Le apuesta a la ignorancia popular.
Torpeza de primer nivel.
Siguiendo
el ejemplo del primer mandatario el resto de la corte gobernante trasgrede la
ley. Si el primero lo hace, porque los segundos no. Así empieza la ampliación
de la cadena de la corrupción.
Trasciende
el ámbito. Los diputados federales se incrementan sus percepciones
arbitrariamente, viven la cortesanía palaciega. Y sus compañeros los Senadores,
se asumen como lo máximo y se fijan no tan sólo percepciones millonarias, sino
que se autorizan viajes, regalos y toda suerte de prestaciones, que produce
escalofrío su sola mención.
Por
su parte los gobernadores de los estados, convertidos en señores virreyes,
roban descaradamente, endeudan a la entidad, omiten enterar a la federación de
los descuentos realizados a sus trabajadores y buscan afanosamente partidas
presupuestales que debieran haberse cancelado, revivirlas a sabiendas que no
son auditables y que su cobro ingresará a su peculio personal. Tal es el caso
del derogado impuesto de tenencia vehicular.
A
lo anterior hay que agregar la nula existencia de un estado de derecho, en
donde los responsables de procurar e impartir justicia son quienes promueven la
corrupción.
En
ese encadenamiento siguen los alcaldes quienes no tan sólo sustraen el dinero
del pueblo para su propio beneficio, sino que consideran que la administración
pública pertenece al ámbito familiar, en donde primos, sobrinos, tíos y demás
parentela debe gozar de los beneficios que otorga el llegar al poder.
Si
quiere usted un ejemplo destacado de esta situación observe la administración
municipal de Matamoros, Tamaulipas. ¿Díganos quién de los diversos cargos que
constituyen el organigrama del gobierno municipal de dicha entidad no es
familiar del Mayor de la ciudad?
En
fin, la corrupción en México tiene su origen en sus gobernantes.
·
Observado.
¿Por
qué si quieren hacer una Ley de Educación que contemple la mayor parte de los
puntos de vista de los involucrados, no le permiten al magisterio opinar al
respecto?
Gastan
millones de pesos en cuestiones publicitarias, ¿Por qué no enviar a cada
docente un ejemplar del anteproyecto, para que realice las observaciones que
considere pertinentes?
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