por:Yazmín Tarango
Miles de menores mexicanos viajan cada año a Estados Unidos para reencontrarse con sus familias, buscar empleo o huir de la violencia en el hogar, pero al cruzar la frontera sin documentos migratorios se exponen a que sus derechos sean violados e incluso a ser víctimas de explotación laboral o de trata de personas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) señala que de enero a septiembre de 2011 fueron deportados más de tres mil niños, niñas y adolescentes de meses a 17 años de edad. De ese total, casi dos mil regresaron al país sin compañía.
Los estados de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato ocupan los primeros lugares en migración de niños a Estados Unidos, siendo el primero el que registra un índice mayor en cuanto a expulsión de niños y jóvenes no acompañados.
Razones para emigrar
Helene Le Goff, coordinadora de la Unidad para Trata de Personas, Niñez Migrante y Género de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), comenta que "la mayoría de los niños mexicanos que emigran a Estados Unidos lo hacen por pobreza, ya que no hay una perspectiva de empleo ni para ellos ni para sus familias. Por eso aceptan el maltrato y riesgo que significa su viaje".
El mayor grupo de menores de edad del país que viaja no acompañado, añade, "es el de 13 a 17 años, rango en el que existe la posibilidad de romper con el proceso educativo para migrar. Este flujo de migración se ha agudizado y ha tenido mayores complicaciones en estos últimos años, a partir del cierre de fronteras".
Asimismo, menciona que la familia no es responsable de todos los males sociales que existen, ya que en la mayoría de los casos los padres no tienen la formación necesaria para afrontar la responsabilidad que significa la migración de los hijos.
"Uno de los problemas en la frontera norte es que sigue habiendo casos de niños víctimas de delitos como trata de personas, reclutamiento para ser polleritos o para cometer crímenes o transportar sustancias prohibidas o armas, que desafortunadamente pasan desapercibidos por las autoridades o cuando son detectados no reciben una atención integral ni se les ofrecen soluciones a largo plazo para romper con esos círculos de violencia, incluyendo a sus familias y comunidades", resalta Le Goff.
La nueva Ley de Migración, en su artículo 112, principalmente, da prioridad a la atención a los Niños No Acompañados (NNA) en situación de vulnerabilidad, lo que permite otorgar una mejor atención y trato a cada niño registrado.
Además, se han creado Módulos del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en las dos fronteras para apoyar integralmente a los NNA después de ser deportados y agilizar los procedimientos de retorno y reintegración familiar.
"Del lado de Estados Unidos, la Ley William Wilbeforce de 2008, sección 235, establece medidas especiales para los niños mexicanos no acompañados. Sin embargo, de momento esta ley no se ha aplicado del todo y genera controversias del lado mexicano. Todavía existen retos en cuanto a coordinación bilateral entre EU y México, pero la atención a los niños migrantes ha mejorado sustancialmente en los últimos años", concluye la especialista.
Situación legal
El diputado priista Héctor Pedraza Olguín, integrante de la comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, habla por su parte de la prevención y atención a los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, para una repatriación más amable: "Los niños migrantes que son detenidos por la Patrulla Fronteriza son tratados igual que los inmigrantes adultos; se les niega atención médica, sicológica, legal y emocional especial, que, como menores, merecen", advierte Pedraza.
Explica que, ante ello, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el gobierno mexicano conformaron una red de apoyo a los niños migrantes, compuesta por albergues públicos y privados.
"Es por eso que la comisión a la que pertenezco elaboró un punto de acuerdo que exhorta al titular delINMpara que, en el ámbito de su competencia, tome las medidas necesarias para que revise y actualice las acciones y políticas que se aplican para proteger a los niños y adolescentes, en especial tratándose de menores indígenas. Esta petición responde a la responsabilidad constitucional y, sobre todo, moral que los legisladores tenemos hacia estos menores".
A todo lo anterior, indica, "se agrega la escasa capacitación y falta de profesionalización del personal que tiene la responsabilidad de atender a los niños, niñas y adolescentes por parte del Instituto Nacional de Migración, ya que la capacitación que se les proporciona respecto del marco legal, se da en cuatro días y con cursos de refuerzo, lo que no garantiza que los menores reciban una atención adecuada por parte de la autoridad".
En el caso de los menores indígenas, se desconoce si las autoridades competentes cuentan con personal que haya sido capacitado para entender su lengua o dialecto. Menos aún, si cuentan con apoyo de traductores para tales efectos, lo que impide que reciban un trato digno, ya que el miedo y el desconocimiento de sus derechos los hace vulnerables a los abusos.
"El documento antes referido busca contribuir en el proceso de actualización de la política migratoria del país y como un elemento de apoyo a las bases establecidas en la Ley de Migración, que fue aprobada este año en el Congreso de la Unión", concluye el legislador Pedraza Olguín.
Ambos entrevistados coinciden en que los niños conforman la población más vulnerable entre las personas que emigran, porque corren el riesgo de caer en redes de trata de personas, por lo que proteger sus derechos debe ser una prioridad.
Y ambos, también, exhortan a los funcionarios de todo el país que laboran en el INM para que fortalezcan el monitoreo de flujos migratorios, defensa y protección de sus derechos.
0 comentarios:
Publicar un comentario