Por:Mauricio Fernández Díaz
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Piden a FGR investigar a Cynthia Jaime por amenazas a la prensa
Ciudad Victoria.- En el municipio de Altamira, las reiteradas agresiones a informadores y periodistas de la región parecen ir más allá de un episodio de ira o malestar personal. Se denuncian, se publican, y nadie las corrige. Un poder invisible y supremo las sostiene detrás sin importar las consecuencias, incluso la de provocar una crisis de gobernabilidad a la administración del alcalde Armando Martínez Manríquez.
La crisis referida es la suma de los robos y diversos delitos de las últimas fechas, la falta de alumbrado y agua potable en sectores populosos, el pésimo servicio de limpieza y recolección de basura, y la ausencia de obra pública en Altamira. Este ramo de miserias, en solo cinco meses, ya es el peor inicio de gobierno en la historia de esta ciudad.
A estas desgracias se ha sumado ahora el abuso de autoridad contra reporteras asignadas al Palacio Municipal. En todo los casos la responsable ha sido Cynthia Jaime, la directora de Comunicación Social. Es el área menos pensada para dar una mala imagen de una administración pública, pero en Altamira quizás creen que los cargos son eternos o que los ciudadanos sufren de memoria corta. La directora ha olvidado sus funciones o ha cambiado el departamento de Comunicación por el de Represión Social.
Cynthia Jaime ha descargado su violencia, primero, contra Reyna Luisa Villafuerte, reportera de Sentido Común, nuestra casa editorial; después ha repetido su agresividad con María Antonia Castro Mata, de La Noticia en Jaque, y ahora se ha volcado contra Norma Edith Sánchez, corresponsal de Radiorama y dirigente de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas. A esta última la jaloneó en las oficinas municipales y trató de derribarla en presencia de varias personas.
Al principio se pensó que la funcionaria había tenido un arranque de explosividad por estrés, por carga de trabajo, situaciones por las que cualquier persona ha pasado y pasará. Sin embargo, esos desencuentros se resuelven pronto, se da una disculpa y se evitan en lo sucesivo cuando son realmente accidentes, hechos inéditos. Acá estamos ante una conducta cínica, desvergonzada y arrogante, que se repite, se refuerza y no muestra remordimientos. Hace recordar al hampa, a la mafia, a la delincuencia organizada.
Por todo lo anterior consideramos un acierto de la compañera Norma Edith Suárez que haya solicitado una investigación de esta funcionaria, apodada la “Comaye”, y su círculo cercano, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, y se llegue al fondo de este caso. Nadie mejor que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, para esclarecer hechos de origen sospechoso que amenazan al trabajo periodístico, a sus representantes, y al derecho ciudadano de acceso a la información.
Las amenazas a la prensa son un tema serio; relativizarlo como dichos impensados llega a ser desastroso.
El mejor ejemplo de esa indiferencia letal es la historia de Armando Linares, director del portal de noticias Monitor de Michoacán. Don Armando denunció el 31 de enero la muerte a balazos de un reportero suyo, llamado Roberto Toledo. En un video publicado en redes sociales, el señor Linares acusó nuevas amenazas de grupos criminales contra él y otros colaboradores de su editorial. Por tal motivo, pidió protección y medidas seguridad para él y su equipo.
Pero el pasado 14 de marzo, en horas de la tarde y en su propio domicilio, Armando Linares fue asesinado a tiros. Con él, la cifra de periodistas liquidados llegó a siete en lo que va de 2022. Ya se considera una crisis para el gobierno del presidente López Obrador, quien incluso intercambió insultos con eurodiputados porque lo exhortaron a proteger a la prensa.
¿Hay paralelismo entre las amenazas a los periodistas michoacanos y las de Cynthia Jaime contra las reporteras de la región? No nos consta, pero agresiones son agresiones, y conviene que las investigue la FGR y castigue a quien resulte responsable.
Estas investigaciones deben penetrar por necesidad en el resto de la administración municipal, ya que los cargos son parte de un gobierno elegido por los ciudadanos y están sujetos a servirlos y a cumplir mandatos constitucionales. Por la mala conducta de Cynthia Jaime están en deuda la Contraloría, el Secretario del Ayuntamiento y el mismo alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez. A todos ellos ha de abarcar el lazo de la justicia en un caso tan grave como agresiones a los periodistas.
Una vez ahí dentro, la Fiscalía puede aún descubrir más cosas y encarpetar a otros funcionarios. Altamira es el escenario de historias macabras que andan de boca en boca, donde reina el huachicol y la extorsión a transportistas, por citar solo los temas que han sido publicados por la prensa. Entonces, ¿por qué se obstinan el alcalde Armando Martínez y sus directores de primer nivel en retener a una funcionaria incompetente, desubicada y agresiva, que solo va a atraer la atención de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y de Alejandro Gertz, titular de la FGR?
Por cierto, Armando Martínez podrá haber sido candidato de Morena y ganar la elección municipal, pero las cúpulas del partido, allá en la Ciudad de México, no lo hacen vivo en este mundo; lo desconocen en absoluto. Otro alcalde morenista de Tamaulipas, Carlos Peña Domínguez, de Reynosa, asistió como invitado VIP a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y se tomó fotos con Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, María Luisa Alcalde y Carlos Slim, nada menos. ¿Alguien vio por ahí a Armando Martínez, o a su jefa de Comunicación Social, codeándose con los poderosos?
Altamira apesta a conflictos serios, a problemas graves, y más le valdría al alcalde y sus colaboradores guardar un bajo perfil o invertir en un verdadero comunicador, uno que proyecte su liderazgo y sus capacidades, tarea en la que ha fracaso ostensiblemente Cynthia Jaime, alias la “Comaye”.
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