Este miércoles, publicaron en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el presupuesto de egresos 2020, que prevé un gasto total de
6.1 billones de pesos a partir del 1 de enero.
El presupuesto 2020, aprobado por los diputados el 22 de
noviembre, establece como prioridades del gasto los programas sociales, la
seguridad pública, el bienestar social y la industria energética, como la
infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), detalló hoy la Cámara de
Diputados.
Se plantea como contexto un entorno internacional complejo,
con desaceleración económica, precios de energéticos a la baja e
intensificación de conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, en el que
se busca reducir el impacto de los factores externos en la economía nacional”,
reconoce el Congreso en el boletín.
La aprobación del proyecto de egresos, que debía avalarse el
15 de noviembre por ley, se atrasó una semana por las protestas del movimiento
campesino que bloquearon el recinto legislativo, en el Palacio de San Lázaro,
para exigir más recursos para el campo. Tras cambiar a una sede alterna, el
documento se avaló con más de 300 votos a favor, del partido gobernante y sus
aliados, frente a 80 en contra y la ausencia del conservador Partido Acción
Nacional (PAN), cuyos legisladores faltaron para protestar contra el dictamen.
Una de las razones de esta oposición es que el gasto
programado busca potenciar los programas sociales del Gobierno federal, pero
con un severo recorte a algunos órganos autónomos de la administración que han
sido críticos con el presupuesto, como el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pese a que el presupuesto ofrece “mantener la austeridad,
transparencia, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto”, según el
comunicado, también suma 13 programas relacionados con alimentos básicos,
microcréditos, becas, pensiones, apoyos a comunidades indígenas y otros grupos
vulnerables.
Por otro lado, también prevé recursos para la implementación
de la primera etapa de la reforma laboral, lo que contempla adecuaciones de
justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Estas asignaciones
eran uno de los principales requisitos de Washington en las últimas
negociaciones del nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), acordado este martes por los tres gobiernos desde la Ciudad de México
y a la espera de que sea finalmente ratificado por los congresos.
“Dicha reforma contempla un proceso de cuatro años para
poner a México en la vanguardia de los derechos laborales, y garantizará la
democracia y libertades sindicales como no se había hecho en más de tres
décadas”, precisa la Cámara de Diputados
El Gobierno propuso al Congreso el 8 de septiembre, por
primera vez y por la misma cantidad, el paquete económico, que el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, calificó de “muy responsable y a la altura de las
necesidades del país”.
“Estamos tratando de fortalecer el bienestar social y el
desarrollo para todos, privilegiar en el presupuesto los recursos asociados a
la seguridad y la paz para México, y la reactivación de (la petrolera estatal)
Pemex”, dijo entonces.
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