Veda y ley seca…. ¿sirven?






-Urge analizar la veda y la ley seca
-Hacen más daños los excesos mediáticos
-Tamaulipas y su economía, los más perjudicados

Por Mario A. Díaz
 
    ANTE los efectos nocivos que generan y que ocasionan más perjuicios que beneficios, diputados y senadores deberían legislar leyes que regulen la actuación de candidatos a puestos de elección popular durante las campañas proselitistas y, además, para eliminar los excesos de las vedas electorales.

     Veamos.

    Para nadie es desconocida la pésima imagen que está proyectando Tamaulipas en el actual proceso electoral para la renovación de los poderes constitucionales. En un afán de lograr la confianza ciudadana, los candidatos y sus respectivos partidos y asesores abusan de sus estrategias de desprestigio que no sólo dañan a los contendientes, sino también a la entidad federativa.

    Como consecuencia de los dimes y diretes y acusaciones diversas de los aspirantes a la gubernatura, Tamaulipas está sumida en una campaña de desprestigio, como si no fuera suficiente el grave problema de la inseguridad.
    Una legislación avalada por ambas cámaras del Congreso de la Unión que obligue a partidos políticos, árbitro electoral y autoridad judicial a investigar a los candidatos es lo que el país requiere para evitar el desprestigio que se genera en cada competencia eleccionaria.

    Resulta inadmisible que durante los tiempos del proselitismo candidatos y partidos se cuestionen entre sí, cuando se supone que sus antecedentes ya fueron analizados e investigados, lo mismo internamente a nivel partido que por la propia autoridad, derivado de la carta de no antecedentes penales que se requiere para el registro ante la autoridad electoral.

    Muy seguramente al día siguiente de la elección, siempre y cuando el proceso no se judicialice, Tamaulipas tendrá electos un gobernador, 43 alcaldes y 22 diputados de mayoría relativa. Como consecuencia de los excesos permitidos ante la falta de una efectiva regulación legislativa, quien releve a EGIDIO TORRE CANTU en el Ejecutivo Estatal asumirá la rienda política, social y económica sumamente desprestigiado. 

      Presunciones de nexos con el crimen organizado, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias etc., etc., serán los matices de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA o FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA al momento de iniciar el nuevo sexenio estatal, con todo y lo que ello significa.
 
    Pero no tan sólo eso.

    También debe analizarse el costo-beneficio de los severos ataques mediáticos a la hora de la oferta tamaulipeca a dueños de capitales. Un gobernante cuestionado y una entidad bajo la influencia del crimen organizado no es la mejor presentación para lograr ese objetivo.

    Del mismo modo, los representantes populares federales y locales deberían tomar cartas en el asunto y regular lo que se denomina veda electoral y que causa efecto durante el proselitismo constitucional.

    La suspensión de los programas sociales, la paralización de gran parte de la actividad estatal y municipal y la ley seca que se impone durante 48 horas previas a la jornada comicial son, entre otras, situaciones que merecen un mayor análisis. Cierto es que se debe impedir que los gobernantes en turno no influyan en favor de los candidatos de sus respectivos partidos. Sin embargo, una mejor estrategia reguladora impediría que miles de ciudadanos se vean afectados en la recepción de los programas de apoyo.

    A final de cuentas, el candidato que oferte mejores propuestas y genere confianza ganará la elección con o sin suspensión de programas. De igual forma, el ciudadano con credencial de elector cumplirá con su obligación cívica con o sin alcohol.

    Así de sencillo.
    Y Hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx
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Editores Jonathan SosaVlogs

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