-Urge
analizar la veda y la ley seca
-Hacen
más daños los excesos mediáticos
-Tamaulipas
y su economía, los más perjudicados
Por Mario A. Díaz
ANTE
los efectos nocivos que generan y que ocasionan más perjuicios que beneficios,
diputados y senadores deberían legislar leyes que regulen la actuación de
candidatos a puestos de elección popular durante las campañas proselitistas y,
además, para eliminar los excesos de las vedas electorales.
Veamos.
Para nadie es desconocida la pésima imagen que
está proyectando Tamaulipas en el actual proceso electoral para la renovación
de los poderes constitucionales. En un afán de lograr la confianza ciudadana,
los candidatos y sus respectivos partidos y asesores abusan de sus estrategias
de desprestigio que no sólo dañan a los contendientes, sino también a la
entidad federativa.
Como consecuencia de los dimes y diretes y acusaciones diversas de los
aspirantes a la gubernatura, Tamaulipas está sumida en una campaña de
desprestigio, como si no fuera suficiente el grave problema de la inseguridad.
Una
legislación avalada por ambas cámaras del Congreso de la Unión que obligue a
partidos políticos, árbitro electoral y autoridad judicial a investigar a los
candidatos es lo que el país requiere para evitar el desprestigio que se genera
en cada competencia eleccionaria.
Resulta inadmisible que durante los tiempos del proselitismo candidatos
y partidos se cuestionen entre sí, cuando se supone que sus antecedentes ya
fueron analizados e investigados, lo mismo internamente a nivel partido que por
la propia autoridad, derivado de la carta de no antecedentes penales que se
requiere para el registro ante la autoridad electoral.
Muy
seguramente al día siguiente de la elección, siempre y cuando el proceso no se
judicialice, Tamaulipas tendrá electos un gobernador, 43 alcaldes y 22
diputados de mayoría relativa. Como consecuencia de los excesos permitidos ante
la falta de una efectiva regulación legislativa, quien releve a EGIDIO TORRE
CANTU en el Ejecutivo Estatal asumirá la rienda política, social y económica
sumamente desprestigiado.
Presunciones
de nexos con el crimen organizado, enriquecimiento inexplicable, tráfico de
influencias etc., etc., serán los matices de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA o
FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA al momento de iniciar el nuevo sexenio
estatal, con todo y lo que ello significa.
Pero no tan sólo eso.
También debe analizarse el costo-beneficio de los severos ataques mediáticos
a la hora de la oferta tamaulipeca a dueños de capitales. Un gobernante
cuestionado y una entidad bajo la influencia del crimen organizado no es la
mejor presentación para lograr ese objetivo.
Del
mismo modo, los representantes populares federales y locales deberían tomar
cartas en el asunto y regular lo que se denomina veda electoral y que causa
efecto durante el proselitismo constitucional.
La
suspensión de los programas sociales, la paralización de gran parte de la
actividad estatal y municipal y la ley seca que se impone durante 48 horas
previas a la jornada comicial son, entre otras, situaciones que merecen un
mayor análisis. Cierto es que se debe impedir que los gobernantes en turno no
influyan en favor de los candidatos de sus respectivos partidos. Sin embargo,
una mejor estrategia reguladora impediría que miles de ciudadanos se vean
afectados en la recepción de los programas de apoyo.
A
final de cuentas, el candidato que oferte mejores propuestas y genere confianza
ganará la elección con o sin suspensión de programas. De igual forma, el
ciudadano con credencial de elector cumplirá con su obligación cívica con o sin
alcohol.
Así
de sencillo.
Y
Hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
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